Sala de Prensa

19/06/2023

Columna de opinión:

Un modelo de defensa penal de género y disidencias sexo genéricas

Artículo del Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, publicado en el diario Atacama.

Por Raúl Palma Olivares,
Defensor Regional de Atacama.

La Defensoría Penal Pública tiene por misión la defensa penal de toda persona que carezca de abogado o abogada, velando por la dignidad y los derechos humanos de nuestros representados y garantizando el acceso a la justicia de aquellos en situación de especial vulnerabilidad.

En este contexto, ha sido necesario diseñar modelos de defensa especializada que asuman las diferencias de las personas que defendemos y que son objeto de sesgos negativos y estereotipos en su relación con el sistema de justicia, de forma tal de robustecer la igualdad material ante la ley, la no discriminación y el acceso a la justicia de forma oportuna.

En ese sentido se inscribe la defensa penal con perspectiva de género, cuyo modelo ha sido recientemente modificado y que incorpora de forma relevante a las disidencias sexo-genéricas, en el sentido de que se trata de personas cuya orientación sexual, identidad de género o expresión de género son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos.   

El objetivo del manual, del cual Atacama será piloto, es definir una serie de exigencias mínimas para defensores y defensoras que participen en la prestación de defensa penal en casos de personas pertenecientes a estos colectivos históricamente discriminados, con la finalidad de ejercer el derecho a defensa, incorporando elementos metodológicos y jurídicos que permitan salir de los límites normativos tradicionales, en este caso, de la héteronorma hegemónica y, de esta forma, se puedan resolver los problemas de desigualdad material en el proceso penal, sobre todo en el caso de una persona imputada o privada de libertad. 

Así, las y los defensores públicos deben ser capaces de incorporar diversos estándares, principios y legislación internacional de los derechos humanos, como una herramienta para inhibir la perpetuación de conductas discriminatorias estructurales del propio sistema y que les permita el abordaje interdisciplinario de estos casos penales.

Sin embargo, entendemos que el sistema de justicia es integral y, por lo tanto, es sumamente relevante que los operadores del sistema se capaciten en estudios de género, disidencias sexo-genéricas e interseccionalidad, de manera tal que la respuesta del Estado en el ámbito penal no perpetúe la discriminación y la violencia contra estas personas, es decir que los derechos humanos se tomen en serio.

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