Sala de Prensa

25/07/2023

Inés Rojas y Sebastián Cabezas estuvieron acompañados por otros directivos y profesionales

Defensora Regional de Coquimbo se reunió con el presidente del Comité para la Prevención de la Tortura

Durante la cita analizaron las condiciones de los centros privativos de libertad y situaciones contrarias al trato digno que deben recibir las personas detenidas, entre ellas mujeres privadas de libertad y ciudadanos extranjeros en tránsito por la zona.

Por Daniel San Martín D.,
Defensoría Regional de Coquimbo.

Conocer la visión sobre las condiciones y el trato que reciben las personas detenidas en centros privativos de libertad de Carabineros y Gendarmería, con el fin de proteger sus derechos, fue el principal objetivo de una reunión concretada entre directivos de la Defensoría Regional de Coquimbo y del Comité para Prevención de la Tortura (CPT).

El encuentro fue encabezado por la jefa regional de la defensa pública, Inés Rojas, y el presidente del CPT, Sebastián Cabezas, quienes junto a otros profesionales de ambas instituciones analizaron las condiciones de comisarías y cárceles en torno a la detección de factores de riesgo que propician torturas o malos tratos a las personas y a cómo adoptar medidas de protección para evitarlos.

COMISARÍAS
Inés Rojas hizo una síntesis del que calificó como positivo trabajo de Carabineros tras el estallido social de 2019. Ahí detalló una serie de actividades y coordinaciones conjuntas entre ambas instituciones, que partieron incluso antes de las manifestaciones sociales, con visitas a las unidades y charlas de la Defensoría a funcionarios sobre legalidad de la detención, ley de tortura, derechos humanos y procedimientos ajustados a derecho.

“Fuimos visionarios en estas y otras acciones. Hemos aportado en disminuir considerablemente a casi nivel cero las denuncias por malos tratos a personas detenidas. Mantenemos permanente coordinación con las jefaturas de Carabineros, que han contribuido al trabajo de los defensores públicos en sus visitas a centros de detención”, explicó.

Sin embargo, los representantes de la Defensoría advirtieron su preocupación por la desconocida cifra de personas -chilenas y extranjeras- que son detenidas, trasladadas a unidades policiales y, luego de varias horas encerradas, son dejadas en libertad por no existir méritos para imputarles un delito.

Alarma, por ejemplo, el caso de personas migrantes que viajan en buses desde el norte a Santiago y en un control policial son detenidos por su sola condición de extranjeros y luego de horas son liberados, pero pierden su transporte y quedan a la deriva. “Ahí resulta inestimable la presencia del defensor público en los centros de detención, para explicarles el motivo de la aprehensión, difundir sus derechos y gestionar la defensa”, dijo Inés Rojas.

SITUACIÓN CARCELARIA
Otro tema de análisis fue la dramática situación carcelaria de la región y del país en general, con el grave hacinamiento y presencia de crimen organizado que afecta a los centros penitenciarios.

Los miembros del CPT señalaron que han visitado prioritariamente cárceles concesionadas próximas a la reevaluación de sus contratos, donde las empresas ganadoras de la licitación han sido verdaderos escollos para fomentar la reinserción social y mantener condiciones de habitabilidad dignas para las y los reclusos.

Profesionales de la Defensoría dieron claros ejemplos de cómo Gendarmería, con escasos recursos y voluntad propia, desarrolla acciones con esa finalidad, ya que la concesionaria del penal de La Serena no acepta ni aporta nada "porque no es parte del contrato”.

“En las múltiples visitas realizadas vemos, por ejemplo, cómo en la sección femenina las mujeres permanecen en el patio sentadas en el suelo. No tienen un techo o una sombra. Después de mucho tiempo este año Gendarmería acondicionó locutorios dignos para las entrevistas de usuarios o usuarias con sus defensores, mientras la concesionaria no realiza ninguna gestión”, aseguraron.

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