Sala de Prensa

25/09/2023

Defensoría Regional de Arica y organizaciones de la sociedad civil:

Forman alianzas para la promoción de derechos y apoyo social a migrantes

Instancias gubernamentales y no gubernamentales buscan desarrollar instancias de trabajo intersectorial para dar respuesta a las necesidades básicas de las comunidades extranjeras en Chile, entre ellas las que se relacionan con el ámbito penal.

Keiko C. Silva
Periodista, Defensoría Nacional

El incremento del movimiento migratorio hacia nuestro país constituye una realidad fácil de comprobar, especialmente en regiones fronterizas, como Arica y Parinacota. Dentro de esta zona, distintas nacionalidades originadas en la zona del Caribe están dejando atrás en proporción a las comunidades boliviana y peruana.

Este escenario impulsa a distintas instancias gubernamentales y de la sociedad civil a priorizar el trabajo intersectorial, con el fin de dar respuesta a las necesidades básicas de las comunidades extranjeras y disminuir los impactos negativos, tanto en el caso de los migrantes como en la comunidad nacional en su conjunto.

En dicho escenario, durante esta semana se realizó una reunión de trabajo en la que participaron Vilma Flores, coordinadora del Instituto Católico Chileno de Migración (Incami), oficina Arica; Ignacio Fuentes, responsable del área jurídica, y Karina O’Ryan, encargada del área de sensibilización y formación, ambos del Servicio Jesuita de Migrantes (SMJ), y la Defensoría Penal Pública, representada por Rodrigo Torres, defensor local jefe de Arica, y Hernán Vigil, sicólogo.

Entre otros temas, durante la cita se abordó la necesidad de formar alianzas para aportar al resguardo de las condiciones mínimas que, como país de acogida, Chile debe brindar a las personas que migran por condiciones de vulnerabilidad social y económica.

Entre las iniciativas analizadas se cuenta, por ejemplo, la realización de talleres destinados a promover que los funcionarios de las tres instituciones estén al tanto de la información de los otros servicios, con el fin de facilitar la coordinación en la atención a las y los  usuarios.

“En nuestro caso, al ser funcionarios públicos, asumimos por convicción que nuestro rol también es el de atender a las personas de una manera integral. Esto ha significado hacernos cargo de asesorar no solo desde nuestra vereda, sino también desde la labor de los demás intervinientes y órganos auxiliares”, reflexionó el defensor local jefe de Arica.

Carencia de domicilio conocido
El fenómeno de la migración en contexto de vulnerabilidad tiene consecuencias en todos los ámbitos de la vida de las personas. Algunas son más visibles, como en el caso del acceso a la educación, al trabajo o la vivienda, pero también inciden en aspectos como la situación penal.

En este plano, la Defensoría Penal Pública ha detectado que a partir del aumento de las atenciones a usuarios quedan en evidencia situaciones de vulneración de derechos que no han sido debidamente consideradas por el sistema.

Así, la mayoría de los extranjeros imputados –no condenados– lo ha sido por delitos menores o de bagatela, los que, de ser comprobados, no implicarían la aplicación de una condena privativa de libertad. Sin embargo, como los migrantes muchas veces no cuentan con un domicilio fijo, deben permanecer internos en centros penitenciarios el tiempo que dura la investigación, incluso si la posible condena se cumplirá necesariamente en libertad.

Estudios nacionales e internacionales aplicados a personas que no han tenido experiencias previas en el sistema penal y deben permanecer privadas de libertad advierten que el impacto socioeconómico y cultural generado por esta situación es de gran envergadura. Además, no solo genera un efecto negativo en quienes la sufren sino también en la comunidad.

“Como defensa, este es un tema que nos tiene muy preocupados porque estamos hablando de personas que permanecen en las cárceles pero no deberían estar allí. Esto es especialmente complejo si agregamos que están privadas de libertad por razones derivadas de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran”, enfatizó Rodrigo Torres.

Vilma Flores, en tanto, señaló que si bien Incami tiene la posibilidad de dar acogida a personas sin hogar, no cuenta con cupos en residencias de acceso directo. No obstante, aseguró que esta institución explorará vínculos con hospederías privadas.

“En Incami nos enfocamos a entregar asesoría social, especialmente a través del ámbito de la capacitación y trabajo, ya sea entregando apresto laboral o vinculando a las personas con posibles fuentes de trabajo. Me interesa mucho lo que aquí se ha planteado y me comprometo a buscar centros que cuenten con plazas o cupos para que las personas cuenten con un paradero específico,” añadió.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población extranjera residente en la región llegó a 32.571 personas en 2021, con un 8,3% de incremento respecto a 2020. Solo la comuna de Arica concentró el 96,9 % de la población migrante.

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