Sala de Prensa

11/10/2023

Nicole Lacrampette expuso sentencias relevantes en seminario realizado en Copiapó

Abogada de la Defensoría expuso sobre la importancia de aplicar el enfoque de género en la justicia penal

La jefa de la Unidad de Derechos Humanos de la institución compartió panel con Marcela Araya, ministra de la Corte de Apelaciones de Copiapó, y con Jorge Puelles, abogado del INDH en la región de Atacama. El Defensor Regional, Raúl Palma Olivares, introdujo el debate.

Por Marcelo Padilla Villarroel,
periodista Defensoría Nacional.

La jefa de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública, Nicole Lacrampette, participó recientemente en el seminario “Mujeres privadas de libertad: desafíos de la justicia en el enfoque de género”, realizado presencialmente en el salón de juicio oral de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Atacama, en Copiapó.

Durante el encuentro, organizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), con el apoyo de la Defensoría Regional, expusieron también Marcela Araya, ministra de la Corte de Apelaciones de Copiapó, y el abogado Jorge Puelles, profesional del INDH en la zona.

Antes de que Lacrampette expusiera, el Defensor Regional, Raúl Palma Olivares, relevó ante el público participante la importancia de que todos los actores del sistema procesal penal incorporen la perspectiva de género en su trabajo cotidiano, y luego dio cuenta -en general- de los avances la que la Defensoría ha hecho en esta materia, creando un modelo especializado de defensa con este enfoque y un manual de actuaciones mínimas al efecto para las y los defensores públicos, en cuyo contexto la región de Atacama es parte del piloto de defensa de género que la institución desarrolla actualmente en seis regiones del país.

“Mi presentación se centró en el principio de igualdad y no discriminación, para explicar el enfoque de género desde la perspectiva de los derechos humanos y aclarar por qué la incorporación de este enfoque en las resoluciones judiciales no es una cuestión de criterio, sino que una obligación convencional del Estado de Chile”, explicó.

Según la abogada, este enfoque debe aplicarse siempre y en todos los casos, “porque siempre los delitos se cometen en un contexto de género determinado y eso puede tener o no una influencia sustancial en el caso concreto, pero ese análisis debe hacerse siempre, porque es una obligación convencional. El enfoque de género permite corregir desigualdades materiales o inequidades de base previas respecto de personas en especial situación de vulnerabilidad”, señaló.

SENTENCIAS DESTACADAS
En una segunda parte de su presentación, Lacrampette destacó el contenido de dos sentencias recientes de la Corte Suprema que recogen el enfoque de género, particularmente respecto de mujeres privadas de libertad.

“La idea fue mostrar estas buenas sentencias, para destacar cómo los tribunales han ido recogiendo la necesidad de aplicar este enfoque y los instrumentos internacionales que obligan al Estado a hacerlo, con lo cual han ido resolviendo situaciones muy complejas, que han implicado graves riesgos para la integridad de mujeres embarazadas privadas de libertad, en consideración no sólo del ordenamiento jurídico nacional, sino incorporando las herramientas del derecho internacional de los derechos humanos y los contenidos constitucionales involucrados”, aclaró.

La jefa de la Unidad de Derechos Humanos destacó particularmente que tanto su presentación como las de la ministra Araya y la del abogado Puelles fueron bastante complementarias, pues la magistrada, por ejemplo, entregó pautas específicas respecto de los criterios concretos que los tribunales debieran aplicar en casos como estos.

“Muchas veces se malentiende que la aplicación del enfoque de género significaría un tratamiento injustamente beneficioso para las mujeres en perjuicio de los hombres, cuando en realidad es todo lo contrario. Esa es la base de la aplicación del principio de igualdad”, aseguró.

Por último, la abogada explicó también que la privación de libertad tiene un “impacto desproporcionado sobre las mujeres, en general”, lo que se refleja en cuestiones bien concretas, como contar con menos espacios adecuados en los centros penitenciarios, no tener acceso a actividades de formación o educación, o tampoco a salud especializada en el caso de las mujeres embarazadas privadas de libertad.

“También está el problema de las mujeres que viven privadas de libertad con sus hijos menores de tres años y cómo esa situación los afecta a ellos, consideración que los tribunales también debieran tener al momento de evaluar si es conveniente o no sustituir una medida privativa de libertad, sea como medida cautelar o en cumplimiento de una pena”, concluyó.

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