Sala de Prensa

21/11/2023

Habían sido imputados por el retiro de la identidad de testigos reservados

Corte de Apelaciones confirmó sobreseimiento de defensores penales públicos de

En fallo unánime, el tribunal de alzada ratificó la resolución del juez de garantía Juan Araya, quien en su oportunidad aseguró que “tengo claridad y convicción de que los defensores penales públicos imputados en esta investigación, no tienen responsabilidad alguna en los hechos investigados”.

Por Yerko Oyanadel C.,
Defensoría Regional de Arica y Parinacota.

Este martes 21, la Corte de Apelaciones de Arica confirmó la decisión del Juzgado de Garantía de esa ciudad, que el pasado 30 de octubre dictó el sobreseimiento definitivo respecto de los cuatro defensores penales públicos imputados por el retiro de las identidades de los testigos protegidos del Ministerio Público, en el marco de la investigación contra “Los Gallegos”, vinculados al ‘Tren de Aragua’.

En fallo unánime, el tribunal de alzada compartió el argumento del juez de garantía Juan Araya, quien en su resolución destacó enfáticamente que “lo que sí tengo claridad y convicción es que los defensores penales públicos imputados en esta investigación no tienen responsabilidad alguna en los hechos investigados”. 

DEFENSOR REGIONAL
Sobre el dictamen, el Defensor Regional de Arica y Parinacota, Sergio Zenteno Alfaro, comentó que “uno de los fundamentos abordados por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica refiere a que los defensores penales públicos cumplieron una función pública en su actuar. Estos fueron nuestros argumentos desde el primer día”, dijo.

En la misma línea, agregó que “nos parece que el fallo es relevante, porque con esto se resguarda el estado de derecho y se reguarda el sistema adversarial de justicia, donde todos los intervinientes pueden ejercer sus derechos sin ningún tipo de presiones e injerencias”. 

Por último, el jefe regional de la defensa pública destacó que la decisión de la Corte de Apelaciones, “más allá de ser un veredicto judicial, resalta la relevancia de la labor de los defensores penales públicos y su papel fundamental en la garantía de un sistema legal justo y equitativo para todos, además de la necesidad de asegurar que el ejercicio de su labor se realice en un entorno donde prevalezcan la integridad y el respeto a los derechos fundamentales”.

 

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