Sala de Prensa

09/11/2023

Fue organizado en conjunto por la Defensoría Regional y la Universidad de Valparaíso

Destacados académicos expusieron en seminario sobre la Ley ‘Naín-Retamal’

Los expertos Myrna Villegas, Alex Van Weezel y José Luis Guzmán revisaron críticamente los contenidos de esta normativa, aprobada en abril pasado para elevar las penas contra quienes cometan delitos contra las policías, entre otros cambios.

Por Marcelo Padilla Villarroel,
periodista Defensoría Nacional.

El pasado 7 de noviembre se realizó la XVI edición del ‘Seminario de derecho penal y procesal penal’, que organizan en conjunto la Defensoría Regional y la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, y que este año contó con la participación de los destacados académicos nacionales Myrna Villegas, Alex Van Weezel y José Luis Guzmán, quienes expusieron críticamente sobre la Ley N° 21.560, también llamada Ley ‘Naín-Retamal’.

La normativa, que otorga más herramientas a las policías, fue aprobada el 5 de abril pasado por la amplia mayoría del Congreso y recibió su nombre en memoria de dos carabineros que fueron asesinados en 2020 y 2022, respectivamente.

En esa fecha, en medio de una crisis de seguridad que sigue marcando la agenda pública, se elevaron las penas para quienes cometan delitos contra las policías y se estableció la denominada ‘legítima defensa privilegiada’ de los agentes de seguridad y militares, tema que fue uno de los más controversiales en la discusión parlamentaria, porque estableció la presunción del uso justificado del arma de servicio cuando la integridad física de un policía o la de un tercero esté gravemente en riesgo.

Durante el seminario, los expositores precisaron que esta ley no se limita a establecer una nueva forma de legítima defensa privilegiada, sino que incorpora una batería de modificaciones en distintos cuerpos normativos, impactando de manera significativa en el ámbito procesal, administrativo y penitenciario, entre otros.

Sin perjuicio de lo anterior, destacaron que la norma central es la contenida en el artículo 10 N° 6 párrafo tercero del Código Penal, que establece una presunción legal respecto del uso racional del medio empleado por los funcionarios policiales, de las Fuerzas Armadas y de Gendarmería cuando, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo del orden público y seguridad pública interior, repelen o impiden una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa.

POTENCIAL AFECTACIÓN DE GARANTÍAS
Los expertos apuntaron también que, desde el punto de vista del proceso penal, uno de los efectos más controvertidos de la Ley ‘Naín-Retamal’ es que, de acuerdo con la modificación incorporada al artículo 7° del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales, de las fuerzas armadas y de Gendarmería que se encuentren en el supuesto de esta forma especial de legítima defensa privilegiada, serán considerados como víctimas o testigos -según corresponda- para todos los efectos legales, a menos que las diligencias permitan atribuirles participación punible.

Según los expositores, esta modificación puede afectar garantías como el derecho a contar con un abogado defensor desde la primera actuación del procedimiento y el derecho a guardar silencio, establecidas tanto en el Código Procesal Penal como en la normativa internacional sobre la materia, las que -en principio- no les serían aplicables a los funcionarios investigados en el marco de esta nueva legítima defensa privilegiada.

En este mismo sentido, recordaron que el testigo está obligado a declarar en las atapas de investigación y de juicio, exponiéndose incluso a la sanción de arresto en el caso de que se niegue a ello, salvo situaciones muy excepcionales, lo que también podría conducir a una situación desmedrada del funcionario involucrado en los supuestos de esta legítima defensa.

Por último, los abogados invitados plantearon que las respuestas a estas interrogantes y dudas se irán decantando en el debate académico y en la jurisprudencia que se vaya desarrollando con la aplicación práctica de este nuevo texto legal.

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