Sala de Prensa

30/04/2012

Carta al director

Derecho a juicio oral y público

El siguiente texto, escrito por el Defensor Nacional, Georgy Schubert, fue publicado ayer -domingo 29- en la sección Cartas al Director del diario El Mercurio.

El miércoles 18 de este mes, una tarde cualquiera, fui a observar en terreno cómo funcionaban los  controles de detención en el Centro de Justicia. Fui al edificio B y al observar personas fuera de la sala, les pregunté y me confirmaron que estaban esperando a familiares detenidos.

La puerta de la sala estaba cerrada. Un funcionario judicial salió un instante y cuando un señor le pregunta por uno de los detenidos y si podía entrar. “No” fue la respuesta y la puerta se volvió a cerrar.

Decidí esperar a que esta persona saliera nuevamente y le pregunté por qué le había negado el ingreso hace instantes. Su respuesta fue que ese control de detención ya había terminado y que sólo podían ingresar familiares del detenido cuya audiencia se esté viendo en el momento. Le dije que yo no tenía familiares detenidos, pero deseaba ingresar a ver audiencias y me dijo que no podía entrar y que eran instrucciones de la magistrado.

De más está decir que en la sala no había problemas de espacio, pues los únicos sentados en las bancas eran los dos guardaespaldas que acompañaban al fiscal. Pedí hablar con la jueza y me dijo que tenía que esperar. Entonces le entregué mi tarjeta, que me identifica como Defensor Nacional, y esperé fuera de la sala.

Antes de 10 minutos me hicieron ingresar y, delante de los presentes, relaté a la jueza lo ocurrido. Ella negó haber dado tales instrucciones y enfatizó que siempre su política ha sido la publicidad para todas las personas. Luego me senté a observar las dos audiencias de control de detención que restaban esa tarde.

Cualquiera sea la explicación de lo ocurrido y sin saber si esto es un caso aislado o se ha instalado como práctica en algunos tribunales, antes de mi visita al Centro de Justicia hubiese asegurado que la publicidad era siempre la norma en el sistema procesal penal chileno. Ahora sé que un día cualquiera se les negó arbitrariamente el acceso a una audiencia pública a familiares de detenidos.

No cabe duda que existe trabajo pendiente. Pero no se deben desarmar las estructuras básicas de garantías que sostienen un debido proceso, bajo la premisa sin fundamentos de que existe un nexo entre los índices de delincuencia y el sistema de justicia. En vez de ello, debemos reforzar las cuestiones básicas e irrenunciables que dieron origen a nuestro sistema, entre las que está la publicidad.

El acceso de cualquier ciudadano a una audiencia donde se imparte justicia es una garantía, no sólo para el justiciable. Lo es para toda la nación, que tiene derecho a observar de manera crítica cómo se administra y aplica el poder que ha delegado en las autoridades judiciales, fiscales y policiales, como también a analizar el desempeño de defensores públicos, en los que se invierten recursos fiscales.

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