Sala de Prensa

01/06/2012

Columna de opinión:

De la independencia de la Defensoría Penal Pública

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Local Jefe de Copiapó fue publicado el pasado miércoles 30 de mayo en el diario Chañarcillo.

La defensa de los imputados es el norte de nuestra institución. En estos últimos días hemos sido testigos en la Tercera Región de una serie de acontecimientos que, de alguna manera, han provocado conmoción, no sólo a los involucrados en el sistema penal, sino que en general a toda la ciudadanía. 

En la provincia del Huasco, la Defensoría Penal Pública ha procurado estar cerca de quienes resultaron detenidos con ocasión de las protestas sociales, compareciendo ante el tribunal competente y solicitando amparo respecto de dichas personas, con la finalidad de que la privación de libertad tuviera un sustento jurídico serio y se respetaran sus garantías constitucionales.

El pasado fin de semana, siguiendo las directrices de nuestra superioridad a nivel central, tanto el Defensor Regional como los defensores locales de Vallenar tuvieron un fluido contacto, lo que les permitió hacer un seguimiento de la situación que afectaba a los vecinos.

Esta misma preocupación tuvimos el año pasado con ocasión de las movilizaciones estudiantiles, oportunidad en que los dirigentes sociales se  acercaron a nuestras oficinas para obtener una asesoría jurídica, pese a que nuestros defensores ya se habían constituido en los recintos policiales con la finalidad de entrevistarse con los muchachos detenidos, para explicarles adecuadamente sus derechos, procurando que se respetaran sus garantías constitucionales y buscando darle tranquilidad a sus familias, habida cuenta que en la mayoría de los casos  se trataba de menores de edad.

De una parte, reconocemos la disposición de la policía para facilitarnos nuestro trabajo, el marco de respeto recíproco y reconocimiento de la fundamental importancia de nuestra labor, como también  la confianza que los ciudadanos tienen de nuestro profesionalismo e independencia en nuestro trabajo, pese a que orgánicamente somos una institución que tiene una dependencia con el Ejecutivo.

Nuestra institución, que proporciona defensa penal de alta calidad profesional a las personas que carezcan de abogado, requiere la independencia necesaria para operar, sin que exista el legítimo temor de los ciudadanos de que la gestión se vea empañada por motivaciones políticas de corto alcance, que de una u otra manera sigan directrices del gobierno de turno.

Afortunadamente, hemos logrado legitimar nuestra labor y conseguir el reconocimiento de la ciudadanía a nuestra actividad de defensa, pero este reconocimiento no tiene sustento sino en la gestión personal de nuestras autoridades.

Ello, pese a que entre los operadores del sistema y también en el mundo académico es casi unánime la percepción de la necesidad de autonomía, como sí la tiene el Ministerio Público, lo que definitivamente sería una clara manifestación de que en nuestra sociedad se  respeta el Estado de derecho.

Por Eugenio Navarro Garrido,
Defensor Local Jefe de Copiapó.

 

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