Sala de Prensa

13/11/2012

Columna de opinión:

Deuda penitenciaria

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional del Maule, José Luis Craig, fue publicado hoy en el diario El Centro de Talca.

Ya están asumidos varios fenómenos que están archi probados respecto del Estado de Chile y la reclusión de personas en nuestras cárceles. Por ejemplo, que desde 1981 a la fecha hemos logrado bajar de poco más del 50 por ciento de personas privadas de libertad sin condena a tan sólo el 20 por ciento registrado en 2011.

Otro dato inobjetable es que desde 2000 (fecha del inicio de la reforma procesal penal), pasamos de algo menos de 36 mil personas privadas de libertad a tener en 2011 a más de 54 mil tras las rejas.

Todo esto deja sin valor alguno el mito de la puerta giratoria. Por lo tanto, somos el segundo país en Sudamérica con más personas privadas de libertad por habitantes, ubicándonos en tal dudoso ranking por sobre casos como los de Brasil, Perú, Bolivia, Argentina o Colombia, por citar algunos.

Así, podemos advertir que, como Estado, estamos en deuda con los privados de libertad. No tan sólo en lo referido al horroroso hacinamiento, que gracias a buenas iniciativas en la materia ha bajado -pero aún a niveles no deseables a nivel internacional-, sino también en materia de afectación de derechos no conculcados por las penas restrictivas de libertad, como son la salud, la educación, el contacto con la familia, el respeto por la minorías sexuales y un lamentable largo etcétera.

También en temas de seguridad estamos al debe, toda vez que, pese a los intentos por mejorar el estándar en torno a la relación gendarmes – reclusos, aún se producen lamentables riñas y homicidios dentro de las cárceles, lo que habla a las claras de un déficit en materia de seguridad carcelaria, lo cual depende obviamente del Estado de Chile.

Además, vemos cómo abundan las huelgas de hambre masivas en los penales -también en la Región del Maule, por cierto-, los traslados masivos de condenados a distintos y lejanos lugares del país, las denuncias de golpizas a internos por Gendarmería de Chile, todo cual no se condice con la realidad del siglo XXI en que nos encontramos.

Por si lo anterior fuera poco, aún el Estado de Chile no ha tomado una decisión en torno a qué tipo de cárceles serán las que se construyan en el futuro. Si seguiremos con el modelo concesionado de los gobiernos anteriores o verán la luz los ansiados proyectos del actual gobierno con cárceles modelos. Aún no avanzamos ni tomamos decisiones, provocando que la brecha de incumplimiento de los derechos humanos de los presos siga creciendo y que nuevamente, año tras año, el informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se centre en el mundo carcelario como el principal nicho de violación a los derechos fundamentales en Chile.

Este triste escenario esperemos esté pronto a cambiar, con el fin de que se valide aún más el sistema penal chileno, ahora en su etapa de cumplimiento, que ha quedado notoriamente olvidada en el baúl de los recuerdos de nuestras políticas públicas.

Por José Luis Craig Meneses,
Defensor Regional de Maule.

 

 

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