Sala de Prensa

23/01/2013

La jueza Francisca Zapata acogió los argumentos de la defensa

Tribunal rechazó aplicar prisión preventiva a nuevo imputado por “Operación Heidi”

El defensor público Washington Fernández explicó que por tratarse de un simple delito y dada la existencia de dos atenuantes, en el peor de los casos se aplicará una baja penalidad contra el imputado.

El Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago desestimó aplicar la medida cautelar de prisión preventiva al constructor civil Manuel Lucero Muñoz, en el marco de la indagatoria sobre una presunta red de prostitución de niñas menores de edad, denominada “Operación Heidi”.

Lucero fue detenido por la PDI en virtud de una orden judicial emanada desde la Fiscalía, institución que durante la audiencia solicitó la prisión preventiva para el imputado tras acusarlo por el delito de obtención de servicios sexuales pagados de niñas mayores de 14 años y menores de 18. El defensor penal público Washington Fernández se opuso a esta petición con argumentos que fueron acogidos positivamente por la jueza Francisca Zapata.

Inicialmente, la causa estuvo a cargo del 11° Tribunal de Garantía de San Miguel, ya que la Fiscalía Metropolitana Sur realizó ahí la formalización de los primeros 16 imputados, el 19 de noviembre pasado. Sin embargo, la Defensoría Penal Pública impulsó una contienda, argumentando que el competente era el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, lo que más tarde fue confirmado por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

La Fiscalía formalizó a Lucero por haber obtenido servicios sexuales pagados de siete presuntas menores de 18 años. Solicitó la prisión preventiva explicando que contaba con testimonios de las víctimas, quienes reconocieron a Manuel Lucero como quien las contactaba y contrataba a cambio de grandes cantidades de dinero. Presentó, además, transcripciones de interceptaciones telefónicas a Mariela, Maritza y Sonia, las regentas de los prostíbulos, en las que el imputado fue mencionado.

ARGUMENTOS DE DEFENSA

Sin embargo, el defensor Fernández representó que a lo menos tres de las víctimas ahora son mayores de edad y que no existía claridad acerca de las fechas, como para saber si realmente estas mujeres eran menores de edad al momento de los hechos. De ser así,  agregó, estaríamos en presencia de relaciones consentidas entre adultos, por lo que no habría delito.

Advirtió que si bien su representado pensó que se trataba de mujeres mayores de 18 años, en caso de acreditarse que se trataba de menores, la ley no califica este ilícito como crimen, sino como simple delito, por lo que la penalidad es baja. Dado “que a mi defendido lo favorecen dos atenuantes, en caso de condena recibirá beneficios”, agregó.

Fernández precisó también que Manuel Lucero no tiene antecedentes penales y que ha prestado colaboración sustancial con la investigación, ya que voluntariamente aceptó que su casa fuera allanada y declaró ante la policía. Por eso, el defensor público planteó como alternativa el arresto domiciliario parcial, para que el imputado pueda seguir trabajando mientras dura la investigación.   

La magistrada Zapata acogió los argumentos de la defensa  y decretó arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno, de 21:00 a 7:00. Como plazo de investigación se estableció el mismo fijado en la audiencia del 19 de noviembre, es decir hasta el 14 de febrero próximo.

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