Sala de Prensa

28/01/2013

Columna de opinión:

La misión de la Defensoría Penal Pública en La Araucanía

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Nacional, Georgy Schubert, fue publicada hoy por el diario El Mercurio.

Siempre la Defensoría Penal Pública ha sostenido que los delitos vinculados al conflicto territorial en el Biobío y La Araucanía son una de las lamentables manifestaciones de un problema político, social y cultural mucho más profundo que los conflictos jurídico-penales de los que por ley nos toca ocuparnos.

La afirmación anterior nos lleva a una reflexión indispensable: ¿Cuál es el rol de un defensor público, cuando debe representar a un imputado de un delito en el contexto de un problema que excede el ámbito criminal? ¿Podemos simpatizar con la reivindicación territorial mapuche o con los agricultores que se organizan para defender sus predios?

Desde nuestra función, los defensores penales públicos no podemos adherir a causas sociales o políticas. No porque no enarbolemos ideas o convicciones propias o porque no tengamos opinión: simplemente porque no es nuestra misión.

¿Cuál es, entonces, esa misión? Proporcionar defensa jurídica a todos, a cada persona que enfrente el poder punitivo a través de la imputación de un delito y requiera de un abogado. Ella puede provenir de los más diversos mundos que coexisten o se enfrentan en la sociedad y ser culpable o inocente, chileno o extranjero, hombre o mujer, joven o adulto, mapuche o wingka. Para el defensor público sólo será su defendido y a quien se debe.

Los defensores debemos entregar nuestro incansable esfuerzo por hacer aquello que la Constitución garantiza a todos y no sólo a algunos: contar con defensa penal de excelencia y calidad. No tenemos excusas ni objeciones de conciencia que esgrimir para hacer el trabajo que demanda el sistema de justicia de un estado democrático. Sólo cumplimos cabalmente esta misión y contribuimos a la justicia cuando estamos del lado de quienes representamos, con nuestro máximo empeño y competencia.

Desde su creación, en 2003, la Defensoría Penal Pública Mapuche es una manifestación expresa de estos criterios. Sus abogados atienden, precisamente, a imputados que pertenecen a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, tal como lo reconocen distintos instrumentos internacionales vigentes en Chile.

No se trata, entonces, de privilegios para nadie o de promover una desigualdad contraria a las víctimas -particularmente en La Araucanía-, sino de realizar un esfuerzo institucional extra por devolver a estas personas el necesario equilibrio que todos requerimos cuando nos enfrentamos a la justicia.

En cuanto al establecimiento de la verdad, entendemos que ella es el resultado de un debido proceso, el resultado final de una investigación y un juicio que cumplen con todas las garantías que la ley establece. Esa es la única forma de evitar que inocentes sean condenados y asegurar que los culpables reciban una sanción justa y legítima, posibilitando la paz social que todos construimos.

Como Defensoría, creemos siempre en los valores de la dignidad humana y en el principio de la presunción de inocencia. Creemos que la privación de libertad es el último recurso, que es imprescindible poder rebatir las pruebas inculpatorias -las que deben cumplir un alto estándar de exigencia- y aportar pruebas de descargo, y que leyes excepcionales (como las que buscan sancionar actos de terrorismo) requieren de similares cuidados en su aplicación e interpretación.

Esos son nuestros objetivos, esa es nuestra misión, frecuentemente incomprendida, pero absolutamente necesaria.

Por Georgy Schubert S.,
Defensor Nacional.

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