Sala de Prensa

10/04/2013

Columna de opinión:

La cárcel de Copiapó nuevamente

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional de Atacama, fue publicado el pasado jueves 5 de abril en el diario Chañarcillo.

Hace menos de un mes, en este mismo medio de comunicación y a través de una columna de opinión, manifesté mi preocupación constante como Defensor Regional por la situación de la cárcel de nuestra ciudad, dada la situación de hacinamiento y de infraestructura, que torna cada vez más urgente contar con un nuevo recinto penitenciario en Copiapó, que logre respetar la mínimas exigencias nacionales e internacionales en materia penitenciaria.

Hoy enfrentamos un movimiento de los imputados en prisión preventiva en dicho recinto, pero que paradójicamente no demanda mejores condiciones de vida en reclusión, sino que hace un llamado de atención sobre lo que ellos estiman procesos con altas condenas, no aplicación de atenuantes, niveles probatorios de condena considerados bajos y un bajo umbral en la aplicación del delito de tráfico, entre otras reclamaciones.

Lo llamativo es que se trata de una acción de llamado de atención centrada en aspectos jurídicos de sus procesos y en la persecución penal, lo que la torna compleja de solucionar, dado que los tribunales son independientes en sus decisiones y la interpretación que hacen de la ley no puede ser cuestionada extralegalmente por los demás actores y -por otra parte- los fiscales actúan con autonomía en la persecución penal de los delitos.

Pero, independientemente de lo señalado, ¿nos debe preocupar la percepción que tienen los imputados del sistema penal en la región? Creo derechamente que sí y paso a explicar. El asunto de la percepción que tienen los involucrados en el sistema penal sobre la forma en que éste opera -con todos los cuestionamientos teóricos que puedan existir sobre el tema- no se puede simplemente soslayar.

De hecho, la mayoría de las leyes modificatorias del Código Procesal Penal en la última década se han dictado sobre la base, entre otras necesidades, de la percepción de inseguridad de la población y de la apreciación subjetiva de la necesidad de protección que merecerían las víctimas. Entonces, parece que lo que percibe la gente del sistema penal no resulta inocuo al final del día.

Los imputados y condenados son los sujetos que reciben todo el peso del sistema de justicia penal. Ellos son los que se ven privados de libertad y, en el caso de los imputados, estando aún amparados por la presunción legal de inocencia.

Entonces, si el principal afectado por las decisiones del sistema penal refiere reparos al funcionamiento de éste y a las decisiones que se toman, ¿podemos mirar para el lado? Creo que no.

A todos los actores del sistema: jueces, fiscales, policías y defensores nos interesa que el sistema de justicia penal sea lo menos falible que pueda existir, porque la posibilidad del error o del exceso son irreparables, pero además a todos los intervinientes nos interesa que los usuarios del sistema perciban que éste es legítimo, esto es que sea percibido como razonable, proporcional, fundamentado, equilibrado, justo.

Ello, porque un sistema deslegitimado para las víctimas, para la sociedad en general y para los imputados es un sistema desacreditado y, en consecuencia, percibido como injusto, con los perjuicios que trae aquello para una sociedad democrática.

Como bien señala Julio Maier, el procedimiento penal no sólo es la materialización del derecho penal material, sino que debe tender siempre a obtener la recomposición de la paz y la seguridad jurídica. 

Por Raúl Palma Olivares,
Defensor Regional de Atacama.

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