Sala de Prensa

30/08/2013

Loreto Flores Tapia, nueva Defensora Regional de Antofagasta:

“El desarrollo mismo de la ciudad atrae otro tipo de criminalidad”

La siguiente entrevista fue publicada en El Mercurio de Antofagasta tras el nombramiento de la abogada en su nuevo cargo.

Por Jonathan Mondaca Escobar,
El Mercurio de Antofagasta.

La abogada Loreto Flores Tapia, titulada de la Universidad de Chile con magister en Criminología y Justicia Penal, además de posgrados en el país y el extranjero sobre gerencia pública, es la nueva jefa de la Defensoría Penal Pública (DPP) en Antofagasta.

Anteriormente era parte del Departamento de Estudio de la DPP y desde el primero de septiembre comenzará oficialmente a su jefatura. Con una amplia experiencia en la reforma procesal penal, la abogada asume el desafío de dirigir la unidad encargada de brindar defensa en las causas penales de la ciudad. En su primera entrevista como defensora regional, habló sobre los últimos crímenes que remecieron a la comuna, los delitos más comunes en esta zona y la situación carcelaria de la región. Sobre este último punto dijo que “con la nueva cárcel, la reinserción será una posibilidad para los internos”. 

-Usted ya pertenecía a la DPP, ¿qué cargo desempeñaba y en qué consistía?
-En 2005 ingresé como jefa de estudios de la Defensoría. Se trata de una jefatura especial, a la que se postula por un concurso público muy riguroso, y quien lo obtiene dura entre tres y seis años en el cargo. La institución presta defensa tanto con profesionales públicos y licitados, con la idea de que sea un trabajo de alta calidad. Por ello debía capacitarme para poner al día a los defensores respecto de las nuevas normas legales y las directrices de la DPP nacional. El Departamento de Estudios se encarga del apoyo a los defensores, en temas de jurisprudencia y causas. También de verificar que los estándares de defensa y que los imputados tuvieran un trato digno. Las causas de mayor relevancia que pasan a la Corte de Apelaciones se filtran y eran atendidas por mí y otro profesional del área. Finalmente a nivel nacional, participé de distintas comisiones de análisis y toma de decisiones

-¿Por qué decidió postular a defensora regional y qué diferencias hay con su antiguo cargo?
-Lo decidí porque son etapas. Cuando llegué a la Defensoría en Antofagasta, mi rol era el completamente el de defensora. Después, como jefa de Estudios, seguí ligada a la defensa penal. Sin embargo, de a poco comencé a realizar más gestión. Es un área diferente, para la cual hay que capacitarse, y ya no podía participar de causas como antes ni tomaba juicios orales.
Entonces, cuando postulé a jefa de Estudios por segunda vez, me di cuenta que debía terminar este proceso y el próximo paso sería aspirar a defensora regional. Cuando se abrió la posibilidad de postular, lo hice. Las diferencias con el anterior cargo obviamente son que ahora tengo mucha más responsabilidades y tengo que hacer más gestión. Tengo que liderar la región para poner ciertos énfasis en la defensa, no en casos particulares, sino para que el trabajo sea de calidad. Para ello tenemos 30 defensores en la región, entre licitados e institucionales. De éstos, hay 13 en Antofagasta, en Calama hay 10 y el resto en Taltal y Tocopilla.

-¿Desde su experiencia profesional y como defensora, cómo ve la situación de los últimos crímenes de alta connotación que ocurrieron en la ciudad?
-Lamentablemente es algo esperable, las sociedad se complejizan cada vez más y Antofagasta no es la misma de hace 10 años atrás, la delincuencia tiene procesos que van modificándose. El desarrollo mismo de la ciudad atrae otro tipo de criminalidad. Nosotros nos hacemos cargo de la criminalidad que llega al sistema, pero para evitar esto se necesita prevención, y hay instituciones que trabajan en ello.
Las zonas que tienen un mejor desarrollo atraen a personas que están en situaciones de inseguridad en sus países, por eso llegan algunos grupos que sólo vienen a delinquir. Aunque esto es algo bastante minoritario en relación a todos quienes llegan hasta acá a trabajar, son antecedentes que tenemos que prevenir. Se necesita mucha investigación, no es lo mismo dos amigos que compartían y por una discusión uno de ellos termina muerto, a los homicidios que hemos visto en los últimos meses. Por eso son necesarias investigaciones profundas, para detectar si hay pequeños grupos delictuales organizados.

-Respecto de los casos que ustedes manejan, ¿cuáles son los delitos más comunes?
-Chile todavía no es un país violento, las cifras en relación a los delitos de homicidio no alcanzan a ser del 1 por ciento. Los delitos en nuestra región que tienen un mayor porcentaje son los contra la propiedad, hurto y lesiones leves. También los manejos en estado de ebriedad. En este último tema la ley es bastante rigurosa, aunque a veces comunicacionalmente queda otra sensación. Los ajustes realizados a la ley implican que alguien que maneja en estado de ebriedad sin ninguna consecuencia, como resultado de muerte o daño, podría tener su licencia suspendida por dos años.

-La Defensoría realiza visitas periódicas a las cárceles de la región. ¿Tendrán mejores condiciones los internos con la entrega del nuevo penal concesionado?
-La situación del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) era de gran hacinamiento, por eso vemos que la reinserción será una posibilidad en la nueva cárcel. Esto era algo difícil en el CCP, porque los internos debían pasar cinco años en un espacio de cuatro por cuatro metros junto a otras 50 personas y así es difícil que vuelvan a reinsertarse en la sociedad.
En cambio, en el nuevo recinto tendrán sus propios espacios, talleres y trabajos remunerados intramuros, que les permitirán tener un vínculo con la sociedad cuando salgan. Cambia el concepto de la dignidad de la persona, otorga garantías para cumplir condenas en condiciones aptas. El Centro Penitenciario era la tercera cárcel más hacinada del país y Gendarmería hacía tremendos esfuerzos por mantener el orden en el penal, aunque esto ya no es un problema, porque la cárcel concesionada es un gran avance para la región.

-Finalmente, ¿cuál es el aporte o el sello que desea impregnar con su gestión en la Defensoría?
-Las directrices a nivel nacional están enfocadas hacia los grupos vulnerables. Hablamos de los adolescentes infractores de ley. Debido a su poca edad, un buen trabajo de reinserción los puede alejar de una carrera delictual. Que se apliquen los principios de la justicia especializada: no es lo mismo estar privado de libertad de los 30 a los 33 años, que de los 14 a los 18. En este último caso, se trata de toda una vida para el adolescente, mientras que entre más adulto el tiempo pasa “mucho más rápido”.
El segundo grupo son los extranjeros. No todos vienen a delinquir y están en un país donde no conocen bien las leyes y sufren el estigma de ser inmigrantes. Es importante poner un énfasis en ellos. Por último, las personas con discapacidad mental, es una gran deuda la atención hacia ellos. Algunos cometen delitos pero tienen paranoias o esquizofrenias y necesitan protección y velar por la mejor forma de terminar con su conflicto penal.

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