Sala de Prensa

30/09/2013

Charla en el Penal Santiago I

Defensoría Metropolitana Norte informó derechos a 159 imputados migrantes

El defensor público Gabriel Carrión y la socióloga Francisca Sellés expusieron sobre los derechos que tienen estas personas en el proceso penal y cómo la Defensoría puede apoyarlos.

Por José Ignacio Aguire O.,
Defensoría Regional Metropolitana Norte.

Hasta septiembre de 2013, el penal Santiago I -principal centro de detención de imputados sometidos a prisión preventiva- registraba 159 internos de nacionalidad extranjera, la mayoría provenientes de países sudamericanos. Perú con 52, Bolivia con 36, Colombia con 28, Argentina con 14 y Brasil con 11 son los estados cuyos ciudadanos concentran la inmensa mayoría de imputados extranjeros de ese recinto.

Se trata de una minoría importante, a la que la Defensoría Penal Pública ha prestado especial atención, por la vía de desarrollar un proyecto de defensa especializado para migrantes. Por esta razón, un grupo de  profesionales de la Defensoría Regional Metropolitana Norte (DRMN( -integrado por el defensor público Gabriel Carrión, por la asistente social Francisca Sellés, encargada de la Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa (UAGD) y por el periodista José Ignacio Aguirre- organizó junto a Gendarmería un diálogo participativo con todos los internos extranjeros de ese recinto.

En el encuentro, realizado en el gimnasio del recinto, Gabriel Carrión explicó los cuatro ejes que deben considerarse al defender a un imputado extranjero. En primer lugar, los derechos fundamentales de la persona en el proceso penal, que son los mismos para todos, porque un migrante no tiene ni más ni menos derechos que un chileno.

En segundo lugar citó la situación del extranjero que es objeto de persecución penal, la que dependerá -precisó- del proyecto migratorio de cada persona: si tiene residencia, si es turista, si está cursando estudios, si está indocumentado, etc.

En tercer lugar, Carrión subrayó las consecuencias de hecho que la causa penal puede tener en el proyecto migratorio de la persona. El abogado explicó que una persona podría no ser condenada, sino sujeta a una suspensión condicional del procedimiento o incluso absuelta, pero aún así podría ser deportada por el Ministerio del Interior, que podría actuar no en virtud del proceso penal, sino de la Ley de Migraciones.

En todo caso, advirtió, una situación extrema como esa  permite presentar recursos para revertirla. Finalmente, el defensor público mencionó el derecho que todo extranjero tiene a la asistencia consular. O sea, a recurrir al consulado de su país para que se comuniquen con su familiares en el país de origen, o para obtener certificados y documentos que son útiles para la defensa en el proceso penal. Enfatizó que éste es un derecho y no una obligación, por lo que si no lo desean, los migrantes pueden no ejercer esa alternativa.

Al término de la exposición, tanto Gabriel Carrión vcomo Francisca Sellés atendieron consultas de los internos, contexto en que se programaron visitas posteriores, para responder aquellas preguntas que requerían mayor información.

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