Sala de Prensa

22/11/2013

La defensora penal pública Nelly Árgel asumió la representación de Pilar Castillo.

Defensa pública de universitaria imputada por infanticidio apelará a prisión preventiva

Según la abogada, el tribunal cometió un error al considerar que la joven constituye un peligro para la sociedad, entre otras razones porque tiene arraigo familiar, no tiene antecedentes penales y ha colaborado con la investigación.

Por José Ignacio Aguirre O.,
Defensoría Regional Metropolitana Norte.

Un drama humano es el que viven la joven Pilar Castillo (20) y su familia, tras conocerse los hechos ocurridos la noche del 18 de noviembre en Conchalí y que motivaron a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte a imputarle el delito de infanticidio.

Según el relato de la fiscal Patricia Fuentes, la trama quedó al descubierto cuando madre de la joven encontró, en una caja bajo la cama de su hija, a una recién nacida que no respiraba. Junto a su hija Pilar, la mujer concurrió poco después a Carabineros y contó que ella había dado a luz a la bebé, que habría nacido fallecida. Sin embargo, la policía detuvo a la joven.

En la audiencia de formalización, la fiscal planteó que según el peritaje preliminar de la Brigada de Homicidios de la PDI, la recién nacida habría fallecido por un corte en el cuello, que le habría realizado su madre inmediatamente después del alumbramiento.

Agregó que se configura así el delito de infanticidio y solicitó la prisión preventiva de la imputada, porque a su juicio constituía una peligro para la seguridad de la sociedad. Al acoger la solicitud, el juez del Segundo Tribunal de Garantía, Jorge Tesche, argumento que lo hacía para “garantizar los fines del procedimiento”, agregando que –no obstante que la fiscalía formalizó por el delito de infanticidio-, estaba en duda si la muerte de la infante ocurrió después de 48 horas de nacida, porque ahí la figura sería de parricidio, delito que tiene una pena ostensiblemente más alta.  

“Desde ese punto de vista, la pena es de 15 años y un día a cadena perpetua. Es una pena altísima”, declaró el magistrado al justificar la prisión preventiva y respecto a la necesidad de la medida cautelar añadió que “hay que tomarle declaración, ya que la fiscalía no se la ha tomado. Probablemente habrá que hacerle un examen psicológico, un examen psiquiátrico, etcétera. Desde ese punto de vista, es indispensable una prisión preventiva para los fines del procedimiento”, concluyó el juez.

APELACIÓN
Tras conocer la decisión judicial, la defensora penal pública Nelly Árgel -quien asumió la defensa de la joven imputada después de recibir los antecedentes de la defensora Paulina Pérez, quien estuvo a cargo en la audiencia de formalización-, anunció que presentará hoy una apelación, ya que a su juicio no existe ninguna razón para dejar a su defendida en prisión preventiva.

Árgel explicó que la joven tiene arraigo, vive con su familia, nunca ha tenido problemas penales y ha colaborado con la justicia, ya que concurrió a Carabineros acompañada de su madre y se entregó voluntariamente. Añadió que hay que considerar que la joven estaba en estado de shock, por lo que se debe analizar el estado psicológico de la imputada al momento de los hechos y despejar la posibilidad de que el corte que la bebé recibió en el cuello haya sido producto de un accidente ocurrido cuando la madre cortó el cordón umbilical que estaba enrollado en esa zona.
Según la defensora pública, la mención del tribunal sobre la gravedad de la pena es equivocada, ya que en caso de que la acusación de la fiscalía tenga éxito, ésta tiene claro de que se trata de un infanticidio y no un parricidio, por lo que la pena tiene un piso de cinco años y un día. 

Agregó que como la joven imputada tiene una irreprochable conducta anterior y ha colaborado con la investigación, tiene derecho a atenuantes que, en caso de condena,  probablemente obtendrá beneficios que le permitirán cumplir la pena en libertad. Concluyó, además, que para realizar las diligencias pendientes no es necesario que su defendida esté privada de libertad.

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