Sala de Prensa

28/11/2013

Defensa penal pública argumentó el cuestionamiento a los policías para pedir cese de prisión preventiva.

Libre otro imputado como secuela de la formalización de cuatro carabineros de Arica

Se trata de un hombre de 37 años, al que se le atribuye tráfico de marihuana en una operación dirigida por un capitán que ahora está detenido, por petición del Ministerio Público.

Por Héctor Mérida Césédes,
Defensoría Regional de Arica y Parinacota.

La defensa penal pública de un imputado por narcotráfico logró que el Tribunal de Garantía de Arica levantara la prisión preventiva que le afectaba, al argumentar que su aprehensión estuvo conducida por los carabineros del OS-7 actualmente investigados por asociación ilícita y tráfico de drogas, y que no existían indicios que demostraran claramente su participación en el caso.

La alegación fue aceptada por la jueza Sara Pizarro en una audiencia de control de medidas cautelares realizada ayer miércoles, oportunidad en que el defensor penal público Juan del Pino expuso el caso de M.W.T.P., detenido en julio pasado en Santiago al recibir un cargamento de 25 kilos de marihuana cuando él esperaba un paquete de repuestos de vehículos.

El abogado explicó que la actuación de personal policial, actualmente cuestionada por la propia Fiscalía, permite argumentar que es razonable no mantener una medida cautelar tan gravosa como la restricción de libertad.

Juan del Pino añadió que también revisará otras causas a su cargo, puesto que la actuación irregular que el Ministerio Público atribuye a un grupo de policías también permite cuestionar sus testimonios en los demás casos en que esos uniformados actuaron.

DEFENSOR REGIONAL
Esta repercusión de la denominada Operación Apolo llevó al Defensor Regional de Arica y Parinacota, Claudio Gálvez, a especificar que “efectivamente varios defensores penales públicos, en el ejercicio de su labor autónoma de velar por los derechos de sus representados, están comenzando a revisar sus casos en que puedan objetar antecedentes aportados por agentes que resultan hoy cuestionados por el propio Ministerio Público”.

La autoridad regional añadió que “la Defensoría Penal Pública ha representado desde hace tiempo que es un problema que la Ley 20.000 contenga incentivos perversos e insuficientes controles, especialmente en el uso de técnicas de investigación como los agentes encubiertos y reveladores”. Sobre eso añadió: "Hasta ahora no nos creían, pero ya está claro que hay que revisarlo para perfeccionar la forma de enfrentar de mejor manera los delitos de tráfico”.

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