Sala de Prensa

21/02/2014

Magistrada anuló diligencia del Ministerio Público en que no se avisó al defensor.

Tribunal acoge cautela de garantía en favor de imputado indígena

Defensor Sergio Zenteno argumentó que asistente del Fiscal de Putre, acompañada por 3 carabineros, realizó diligencias afectando las garantías de un imputado indígena.

Por Héctor Mérida C.,
Defensoría Regional de Arica y Parinacota.

La jueza de garantía de Arica, Andrea Iligaray, acogió la presentación de una cautela de garantía hecha por el defensor penal público Sergio Zenteno, quien argumentó que se afectaron gravemente los derechos de un imputado indígena en la localidad de Saxamar, en la precordillera de esta región.

Según el defensor, “la asistente del Fiscal de esa zona concurrió con 3 carabineros para realizar una diligencia, sin avisar a su defensor y sin contar con autorización para ingresar al hogar del comunero, cuyos familiares nos denunciaron después el hecho”, especificó el profesional al intervenir en la audiencia solicitada para el efecto.

Luego de escuchar las presentaciones de la defensa y del fiscal titular de Putre, Mario Carrera, la magistrada determinó que se reconocía que hubo vulneración de derechos en contra del imputado y expresó textualmente: “este tribunal concuerda con la defensa y declara nula la diligencia”.

Hechos de la Cautela

El caso ocurrió la semana pasada la localidad de Saxamar, ubicada a pocos kilómetros al sur de Putre, oportunidad en que la asistente fiscal de esa comuna, Yocelyn Castillo, en calidad de subrogante del titular, concurrió con 3 efectivos de Carabineros a realizar una diligencia en el domicilio de Ociel Quispe, un comunero del lugar imputado por casos de daños que sus animales habrían causado a las propiedades de sus vecinos.

La gestión quedó plasmada en un documento presentado por el Ministerio Público, donde se menciona una autorización del parcelero para el ingreso a la propiedad de los persecutores, pero cuya existencia no pudo probarse en audiencia.

“Aquí no hubo aviso alguno a la defensa, y sí hay afectación de las garantías a la seguridad individual, a la propiedad y a la inviolabilidad del hogar en contra de un comunero indígena, algo que se hace con los más humildes y que  no se realizaría contra un poderoso. Es algo que debe cesar”, enfatizó el defensor penal público al fundamentar su posición.

Respecto a la misma diligencia, la magistrada también acogió el argumento de la defensa, en orden a que la diligencia realizada por la fiscal subrogante no estuvo formalmente enmarcada en ninguna investigación específica que se realice respecto al imputado.

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