Sala de Prensa

23/04/2014

Ante la Corte de Apelaciones

Defensoría presentó amparo en favor de los internos de la cárcel de Temuco

Mario Quezada, jefe de Estudios de la Defensoría Regional, explicó que la suspensión de las visitas “es ilegal y, además, arbitraria. Esperamos que la Corte acoja esta acción constitucional”.

Por Claudia Riquelme S.,
Defensoría Regional de La Araucanía.

La Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de La Araucanía presentó un amparo constitucional ante en la Corte de Apelaciones de Temuco, en representación de 11 condenados actualmente recluidos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de esa ciudad.

Los reclusos denunciaron haber sufrido lesiones, en el contexto de un altercado con funcionarios de Gendarmería que derivó en un posterior allanamiento y luego en la suspensión de las visitas y encomiendas en el penal.

De acuerdo con los antecedentes relatados por los propios familiares de los internos, la administración del recinto penitenciario habría prohibido las visitas a los condenados que se encontraban en huelga de hambre líquida.

Ello motivó la inmediata reacción de la Defensoría Penal Pública, cuyos abogados presentaron un nueva acción de amparo, solicitando al más alto tribunal regional señalar que la decisión ejercida por Gendarmería al interior de la cárcel no se ajusta a lo garantizado por las leyes y por el reglamento interno de dicha institución.

Mario Quezada, jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional, explicó que esta acción tiene por objeto “solicitar a la Corte que tome conocimiento de los últimos hechos ocurridos en el centro penitenciario, que se adopten las medidas necesarias para restablecer y asegurar la debida protección de los amparados".

El recurso pide que se declare particularmente que la actuación de Gendarmería entre el 6 y el 16 de abril de 2014, cuando se decidió suspender las visitas de familiares de los condenados, "resultó ser ilegal y arbitraria y que se ordene a dicha institución que en lo sucesivo actúe conforme a la normativa jurídica”, agregó el directivo.

RECURSO PREVIO
La semana pasada, luego de que los internos denunciaran las lesiones y fueran visitados por los defensores públicos, la Defensoría solicitó de manera inmediata la presencia de una jueza del Tribunal de Garantía, para que se constituyera en el Centro Penitenciario y constatara la actuación de los gendarmes, además de proceder al inmediato traslado de los internos lesionados al hospital regional para constatar lesiones.

La visita de la jueza se efectuó en presencia del abogado Marcelo Pizarro -también de la unidad de Estudios de la DPP regional-, quien al finalizar la gestión explicó a los medios que “existió un procedimiento, un allanamiento que excedió el marco de atribuciones legales que tiene Gendarmería, particularmente porque el único derecho que pierden los condenados es la libertad y los derechos que emanan de una sentencia ejecutoriada, pero no así su integridad física y síquica”.

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