Sala de Prensa

13/05/2014

El Defensor Nacional, Georgy Schubert, participó ayer en encuentro de la instancia

Comisión de Justicia Penal debatió soluciones para acelerar aplicación de Ley 20.603

Tras presidir el encuentro, el ministro de Justicia explicó que en tanto se trata de normativa vigente, la Corte Suprema no puede pedir a los jueces que suspendan o reduzcan la aplicación de estas medidas alternativas.

Por Marcelo Padilla V.,
Defensoría Nacional.

El Defensor Nacional, Georgy Schubert, intervino ayer en la segunda reunión de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal desde el cambio de gobierno, contexto en que el tema central fue la preocupación de distintas instituciones del proceso penal por las dificultades que ha mostrado la aplicación de las medidas alternativas a la reclusión contenidas en la Ley N° 20.603, sobre todo a partir de las fallas que impiden aún el uso del sistema telemático de las tobilleras electrónicas.

Al encuentro, presidido por el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, asistieron también el presidente (S) de la Corte Suprema, Milton Juica; el subsecretario de Justicia, Marcelo Albornoz; el Fiscal Nacional (S), Alberto Ayala; el general director de Carabineros, Gustavo González Jure; el director nacional de la PDI, Marcos Vásquez; la presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, y el director de Gendarmería, coronel Juan Letelier, entre otros.

Al término de la cita y tras ser consultado por la prensa, el ministro Gómez reconoció que la actual situación es compleja, pues mientras el uso de las tobilleras sigue pendiente por fallas técnicas aún en evaluación, los tribunales están aplicando la legislación vigente, instruyendo a Carabineros para que controle diariamente el cumplimiento de estas penas alternativas, que desde la vigencia de la ley podría beneficiar potencialmente a unas 9 mil personas condenadas, aunque no todas han solicitado estos remplazos de penas, según calculó el Defensor Nacional.

NORMATIVA VIGENTE
Según Gómez, en tanto se trata de normativa legal vigente, la Corte Suprema no puede instruir a los jueces para que suspendan o reduzcan su aplicación, “dado que los jueces son autónomos en su aplicación de la ley. En este caso es una ley publicada y, por lo tanto, muchos jueces consideran que estando publicada y de acuerdo con la Constitución, pueden aplicarla a pesar de que se les señale que técnicamente no está operativo el sistema”, explicó.

A partir de lo mismo, el secretario de Estado comentó que las distintas instituciones que integran la comisión “han encomendado al Ministerio de Justicia analizar la situación de las medidas alternativas por la falta de control telemático en función de buscar una solución, porque tanto Carabineros como Gendarmería se ven un tanto colapsados por las resoluciones judiciales que hoy ordenan mantener presencia en la medida cautelar, particularmente a Carabineros”.

PROBLEMA NORMATIVO Y DE RECURSOS
Se trata de un tema complejo, pues hasta ahora distintas cortes de apelaciones e incluso la Corte Suprema han acogido 22 recursos de amparo interpuestos en favor de condenados y en contra de diferentes secretarías regionales ministeriales de Justicia, por retrasos señalados como injustificados en la concesión de beneficios otorgados por las comisiones de reducción de condenas.

Durante su reciente cuenta pública, el Defensor Nacional citó un estudio encargado por la Defensoría a la Fundación Paz Ciudadana, según la cual ya funcionando en pleno régimen, la ley de penas sustitutivas podría generar hasta 150 mil nuevas audiencias en el sistema, con el subsecuente aumento de necesidades para las instituciones involucradas.

Consultado ayer al término de la reunión en Justicia, Georgy Schubert valoró los esfuerzos de la comisión por resolver un problema que afecta a distintos intervinientes del sistema, entre ellos la Defensoría.

“No se trata sólo de un tema de recursos, sino también normativo, que está afectando a Carabineros por las resoluciones que están dictando los jueces. Confiamos en que esta comisión pueda dar solución efectiva, porque se trata de un cuerpo normativo importante, que permite dar opciones a la cárcel. A la Defensoría le interesa que le vaya bien, pero hasta ahora hay un problema de implementación bastante serio que tenemos que resolver”, explicó.

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