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Después de seis meses tribunal revocó prisión preventiva de universitaria imputada por infanticidio

14/05/2014

Conmutó esa medida cautelar por arresto domiciliario total

Después de seis meses tribunal revocó prisión preventiva de universitaria imputada por infanticidio

El Segundo Tribunal de Garantía de Santiago acogió una petición de la defensora pública Nelly Árgel, en cuanto a que la joven tiene arraigo y no constituye un peligro para la sociedad.

Por José Ignacio Aguirre O.,
Defensoría Regional Metropolitana Norte.

El Segundo Tribunal de Garantía de Santiago revocó la prisión preventiva que desde noviembre de 2013 mantenía privada de libertad a la estudiante universitaria Pilar Castillo (20), quien fue formalizada por la fiscalía como culpable del delito de infanticidio.

La jueza Verónica Orozco acogió la solicitud de la defensora penal pública Nelly Árgel, conmutando esa gravosa medida cautelar por arresto domiciliario total y arraigo nacional.

La defensa Árgell argumentó que en este caso no existe riesgo de fuga, ya que su defendida tiene sólidos lazos sociales. De hecho, precisó que hasta antes de su detención la joven vivía con su familia y estudiaba ciencias políticas en la Universidad Alberto Hurtado.

También destacó la actitud de colaboración con la justicia que ha tenido Pilar Castillo, subrayando que ella se entregó voluntariamente a la policía y que nunca ha tenido problemas penales.

CRIMEN PREMEDITADO
La fiscalía, en cambio, sostiene que la imputada dio muerte premeditadamente a su hijo apenas nació, a través de un corte en el cuello. La defensa pública plantea que la joven no sólo no le contó a nadie que estaba embarazada, sino que se bloqueó psicológicamente, negándose a sí misma su estado.

Añade que el 18 de noviembre de 2013, cuando la estudiante empezó con dolores de parto y dio a luz, entró en shock. Sin embargo, el corte que mató al recién nacido se habría producido accidentalmente, cuando la madre cortó el cordón umbilical que estaba enrollado en el cuerpo del bebé.

Tras esta decisión, la fiscalía tiene cinco días para apelar a lo resuelto por el Segundo Tribunal de Garantía.

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