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Defensor Regional de Tarapacá rechazó la violencia de las llamadas “detenciones ciudadanas”

16/12/2014

Nuevo caso, que dejó a una persona herida, motivó categórica reflexión de Marco Montero

Defensor Regional de Tarapacá rechazó la violencia de las llamadas “detenciones ciudadanas”

La prensa de la zona destacó la aprehensión y la paliza propinada por un grupo de pobladores a un hombre al que atribuyeron el robo de especies.

Por Héctor Mérida C.,
Defensoría Regional de Tarapacá.

“La violencia no puede ser la forma en que la sociedad aborde sus problemas”. Esa es sólo una de las categóricas frases que contiene un artículo de opinión publicado por el diario la Estrella de Iquique y que recoge el parecer del Defensor Regional de Tarapacá, Marco Montero Cid, respecto del fenómeno de las llamadas “detenciones ciudadanas”, la última de las cuales ocurrió en Iquique el pasado fin de semana.

En esta ciudad, todos los medios locales difundieron esa noticia, una gran parte sin cuestionar tal práctica, por lo que la voz de la Defensoría Regional de Tarapacá destacó y ha comenzado a generar profusos comentarios en la opinión pública. La prensa nacional también se refirió a lo ocurrido en el sector sur de Iquique, cuando un grupo de pobladores detuvo y golpeó y ocasionó diversas heridas a C.A.A.V., un hombre de 22 años al que le atribuyeron el robo de un celular y otras especies.

El detenido fue llevado por Carabineros a constatar lesiones y, en la audiencia de control de detención, fue representado por el defensor penal público Claudio Rojas, quien informó al juez de garantía que el imputado afirmaba que había sido objeto de una agresión ilegal al momento de su aprehensión, lo cual fue ratificado por el detenido, por lo que el tribunal ordenó la investigación del hecho.

La situación motivó la siguiente reflexión del Defensor Regional de Tarapacá, quien publicó el siguiente artículo de opinión.

Culpable sin juicio

Por Marco Montero Cid.
Defensor Regional de Tarapacá

Han sido noticia las mal denominadas “detenciones ciudadanas”, que de ninguna forma pueden estimarse actos racionales y legítimos. Las diferencias y conflictos -como lo son los hechos delictuales- deben resolverse mediante la justicia.

La violencia no puede ser la forma en que la sociedad aborde sus problemas. Si se llega a eso, la comunidad y en particular los operadores del sistema judicial no podemos quedar indiferentes, pues atenta de manera flagrante contra un principio esencial del Estado de derecho, en este caso la presunción de inocencia.

La imputación de un delito sólo es la visión de uno de los actores del conflicto penal. Luego, la contraparte tiene el legítimo derecho a sostener su propia versión en una investigación y un procedimiento previo, racional y justo.

Finalmente, será un tercero imparcial quien ponderará las pruebas y emitirá un juicio que lo resuelva. A esta autoridad la sociedad le ha encomendado zanjar estas controversias en el marco de un debido proceso.

Si bien los particulares pueden detener a quien sorprendan en la presunta comisión de un delito, esto es excepcional y sólo para entregarlo inmediatamente a la policía. Cualquiera otra acción de menoscabo o agresión física constituye un abuso de ese derecho y puede ser sancionado penalmente.

No es propio de una democracia que la verdad del más fuerte se imponga. Tampoco la acción directa de las personas, saltándose la participación de las instituciones.

El respeto de las reglas y principios que regulan nuestra convivencia, conjuntamente con la subordinación a las instituciones que las aplican, nos ha permitido convivir de manera civilizada, desarrollarnos y evolucionar, por lo que es fundamental cuidar la forma en la que resolvemos los conflictos.

La agresión física en el marco de una detención es una manifestación primitiva del ejercicio del poder punitivo. También es condenar sin juicio previo a quien debe presumirse y ser tratado como inocente.

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