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Defensa penitenciaria

25/02/2015

Columna de opinión:

Defensa penitenciaria

El siguiente artículo, escrito por el jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Antofagasta, Ignacio Barrientos Pardo, fue publicada en El Mercurio de esa ciudad.

Una serie de normas nacionales e internacionales establecen la obligación del Estado de otorgar defensa jurídica hasta la completa ejecución de la sentencia.

El Programa de Defensa Penitenciaria, que comenzará a operar en nuestra región durante este año, permite dar cumplimiento a esa normativa interna e internacional. Esta modalidad de defensa procura hacer realidad la idea que los derechos humanos no quedan en las puertas de las cárceles.

Pese a sus detractores, la reforma procesal penal constituyó un cambio sustancial en la forma de hacer justicia. Lamentablemente, no provocó cambios notables en el ámbito penitenciario. Es así como, por ejemplo, las normas de ejecución de las penas se han mantenido inalterables durante más de 15 años; no ha existido ninguna intención de crear una justicia especializada en materia penitenciaria o al menos de dotar de mayores facultades a los tribunales.

En suma, hasta hoy el tema penitenciario ha estado lejos de las prioridades de la políticas públicas, con la salvedad de lo ocurrido con posterioridad al fatal incendio de la Cárcel de San Miguel.

Existe cierta opinión generalizada de que las personas privadas de libertad pierden prácticamente la mayoría de sus derechos, a tal punto que se les considera, en la práctica, sujetos carentes de derechos. Esta negación de titularidad respecto de derechos básicos los hace especialmente vulnerables.

La Defensoría Penal Pública, pese a las carencias institucionales, ha emprendido de manera sistemática acciones legales tendientes a mejorar la situación jurídica y material de la población penal. La instalación de un programa de defensa Penitenciaria en la región nos hará contar con una dotación de abogados y otros profesionales, y con los recursos para seguir contribuyendo a esa tarea.

Nuestra aspiración va a contracorriente de lo que se percibe en el debate ciudadano, donde se acrecientan las demandas de penas más severas o de encarcelamiento efectivo. Lamentamos que las últimas modificaciones legales vayan en esa dirección. Esperamos que el discurso populista penal no siga creciendo e impulsando la idea que frente a la delincuencia el único camino es la cárcel. Esperamos que cada vez sean más las voces que postulen una propuesta menos simplista sobre el castigo.

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