Sala de Prensa

04/03/2015

En causa por presunta estafa en Cooperativa Abamcoop

Juzgado de Talca desestima solicitud de medidas cautelares contra cuatro imputados

Ejecutivos y profesionales asesores de la entidad fueron formalizados en audiencia efectuada el pasado 4 miércoles en la capital del Maule.

Por Edgardo Castro Vega,
Defensoría Regional del Maule.

El Juzgado de Garantía de Talca acogió los argumentos de la defensa pública y desestimó la solicitud de aplicar medidas cautelares contra cuatro de los siete imputados en la causa que investiga el Ministerio Público por presunta estafa a los socios y ahorrantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abate Molina (Abamcoop) de Talca, entre 2009 y 2012.

Los imputados -dos de ellos ex gerentes generales de la entidad en el período en cuestión y el resto ex ejecutivos de la firma, profesionales asesores y miembros de una empresa de cobranza externa de la cooperativa- fueron formalizados por su eventual participación en los delitos de estafa, insolvencia punible, desacato y suscripción engañosa de documentos.

La investigación no formalizada del caso fue llevada adelante por la Fiscalía Local de Talca durante los últimos dos años, a partir de la denuncia de algunos socios y otras personas que hicieron depósitos a plazo con atractivas tasas de interés, pero cuyo dinero no se les habría entregado al momento de solicitarlo, aduciendo a problemas de liquidez de la institución.
Según el Ministerio Público, los ejecutivos de Abamcoop habrían hecho caso omiso de una orden del Segundo Juzgado de Letras de Talca, que les prohibió captar dineros en esa modalidad e incorporar a nuevos socios. Del mismo modo, el ente persecutor determinó la existencia de una empresa de cobranza, cuyo fin habría sido iniciar las acciones necesarias para recuperar los dineros, para lo cual se habría vendido la cartera vencida a un precio inferior al de mercado.

MEDIDAS CAUTELARES
Tras la exposición de los argumentos del fiscal Alexie Crisóstomo y de la defensora penal pública Silvia Carreño, el juez Humberto Paiva desestimó la solicitud del Ministerio Público en orden a dejar con medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual a la totalidad de los imputados, aplicando sólo la restricción de salida del país a tres ex ejecutivos de la cooperativa. Además, el magistrado fijo en seis meses el plazo de investigación.

Frente a los resultados de la audiencia, Silvia Carreño declaró que no es procedente aplicar medidas cautelares en contra de los imputados. Agregó que el Ministerio Público ha realizado una prolongada investigación, pero que no ha establecido un hilo conductor que dé cuenta de la existencia de los delitos en el actuar de sus representados.

“Nunca hemos negado que hubo gente que confió e invirtió sus ahorros en esta cooperativa. Pero hay un sinnúmero de situaciones que debían conocerse y exponerse en el tribunal para que ellos, los afectados, supieran que estas personas no tienen responsabilidad, y que, por el contrario, actuaron para salvar de la insolvencia a la cooperativa, producida a partir de una estafa que afectó a la entidad en 2006, en la comuna de Rauco. Estamos contentos, porque el tribunal no aplicó medida cautelar alguna en contra de cuatro personas, por estimar que no había delito”, aseveró.

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