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29/04/2015
Fueron formalizadas tras su detención en la misma mañana de los hechos en Iquique
Defensoras públicas cuestionan imputación contra mujeres por atentado incendiario a intendencia
Las abogadas estudian presentar recursos para revertir el arresto domiciliario nocturno decretado contra la adolescente y la prisión preventiva de la adulta.
Por Héctor Mérida C.,
Defensoría Regional de Tarapacá.
Las defensoras penales públicas de las dos imputadas por porte y lanzamiento de elementos incendiarios contra la Intendencia Regional de Tarapacá anunciaron que estudiarán la presentación de recursos para revertir las medidas cautelares decretadas para sus representadas, una mujer de 21 años y una adolescente de 17.
“Consideramos que no existen los presupuestos legales para establecer que existan tanto el delito como la participación que se les atribuye a nuestras representadas”, expuso la abogada Tamara Chandía a la salida de la audiencia de control y formalización, que se extendió por casi dos horas.
Chandía y la defensora juvenil Natalia Andrade cuestionaron tanto la existencia del delito de porte y lanzamiento de elementos incendiarios como la participación que se atribuye a sus representadas, explicando que los indicios recogidos y las pruebas realizadas no son precisas para configurar la figura legal.
BOMBAS MOLOTOV
Este caso mantiene gran expectación en la ciudad, puesto que las autoridades denunciaron la ocurrencia de un atentado incendiario en contra del edificio de la intendencia regional, lugar en donde se encontraron botellas que contendrían elementos incendiarios del tipo bombas Molotov. La maniobra habría sido observada por un automovilista, que llamó a Carabineros para denunciar el hecho.
En torno a ese suceso, el Ministerio Público informó temprano de la detención por delito flagrante de las dos jóvenes, ubicadas por Carabineros a dos cuadras del lugar y sólo a un minuto de ocurrido el presunto atentado.
La referencia a ese lapso mínimo la hizo la defensora juvenil Natalia Andrade, para cuestionar la versión de los aprehensores y como parte de su alegación de ilegalidad de la detención, puesto que, a su juicio, no se respetaron garantías de la adolescente, a quien se le tomaron muestras corporales antes de avisar del caso a su abogada. El magistrado desestimó tal argumentación.
Durante la audiencia, el juez de garantía Mauricio Chía dictaminó prisión preventiva para la adulta C.S.O. y arresto domiciliario nocturno para la menor G.O.F., por el periodo de 60 días que fijó para la investigación del caso.
El intendente de Tarapacá, Mitchel Cartes, se hizo parte en el caso, presentando una querella contra las dos imputadas.
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