Sala de Prensa

11/05/2015

Defensor Regional de Tarapacá criticó agresión de guardias a niño que habría robado en supermercado de Iquique

“Pretender castigar sin respetar las reglas del debido proceso, lejos de resolver un conflicto lo agudiza”

En carta al director publicada por el diario La Estrella de Iquique, Marco Montero analizó el hecho, mostrado en un video que circula en las redes sociales.

Por Héctor Mérida C.,
Defensoría Regional de Tarapacá.

Tras revisar las imágenes divulgadas el pasado fin de semana en el portal www.soychile.cl/Iquique y descritas en el diario la Estrella de Iquique, el Defensor Regional de Tarapacá, Marco Montero Cid, emitió una sólida crítica a los hechos denunciados en tales medios de comunicación. 

El video mostraba la agresión premeditada de un grupo de guardias de seguridad de un supermercado local en contra de quien se observa como un niño, aparentemente sorprendido robando. El hecho fue grabado en video por dos de los agresores y posteriormente se filtró hasta llegar a viralizarse en las redes sociales.

A partir de ello, Montero envió la siguiente carta al director:

Deber ciudadano o abuso de poder

Por Marco Montero Cid,
Defensor Regional de Tarapacá.

La violencia física que recibió un menor de edad indefenso al interior de un supermercado de nuestra ciudad por parte de guardias de seguridad, según lo muestra el video y describe la crónica publicados por este diario, no puede ser considerado un hecho aislado ni menos irrelevante.

Se trata de un acto inhumano, cruel y despiadado, que vulnera los derechos esenciales, la moralidad, el respeto por la dignidad y la inocencia que todos nos merecemos como personas, sin distinción.

Por impopular que parezca decirlo, se trata de un ejercicio abusivo e ilegitimo del derecho que restrictivamente la ley ha conferido a los particulares, norma que admite que se pueda retener, sólo por el lapso más breve posible y únicamente para poner a disposición de las autoridades competentes -por ejemplo las policías civil o uniformada-, a quien es sorprendido en un delito flagrante.

Cuando esa transitoriedad y exclusividad no se cumple, la credibilidad que demanda la ciudadanía de todas sus instituciones queda dañada, pues tal confianza se basa –entre otras materias- en la plena vigencia del estado de derecho. Por eso la ley regula la forma en que debemos conducir y resolver nuestros conflictos, y los procedimientos para probar la eventual culpabilidad de quienes pudieren haber contravenido la norma.

La presunción de inocencia no puede ser un privilegio sólo para algunos, algo que podríamos entenderlo más fácilmente si tomáramos conciencia de que cualquiera puede estar expuesto a una investigación penal.

Y para llegar a la convicción de culpabilidad existen reglas y principios que debemos acatar, independientemente de quienes sean los involucrados y la gravedad de la infracción cometida. Hacer lo contrario es propio de un sistema anárquico, en que impera la ley del más fuerte,  la venganza, el populismo o la demagogia.

La anhelada paz social y sana convivencia de una sociedad más humana y moderna exige que todos sus miembros respeten las normas que nosotros mismos hemos acordado a través del ejercicio de construcción de nuestra democracia. 

Las conductas de pretender castigar sin respetar las reglas del debido proceso, lejos de resolver un conflicto lo agudizan, dañando los cimientos del país justo, de oportunidades e igualitario que queremos para todos.

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