Por Daniela Tapia M.,
Defensoría Regional de Arica y Parinacota.

La ciudad de Arica fue la primera en conocer el nuevo 'Protocolo de atención para mujeres indígenas extranjeras privadas de libertad', financiado por el proyecto EuroSOciAL II, iniciativa de la Unión Europea para la cooperación internacional con América Latina.

El desarrollo del documento estuvo a cargo de las profesionales María Daniela Lara, investigadora del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Universidad Central de Chile, y Paulina Hernández, ex defensora penal pública y actualmente consultora internacional, quienes en primera instancia tuvieron la misión de generar un diagnóstico sobre el tema en el norte grande, para luego concluir con la difusión del protocolo a autoridades del ámbito de Justicia en Arica, Iquique y Antofagasta.

“La Defensoría determinó la importancia de realizar este protocolo, tras estimar que efectivamente este grupo vulnerable. Estas mujeres no estaban siendo atendidas, ni defendidas de la manera que lo exigen los estándares internacionales y en este sentido, la Comisión Europea, a través de EuroSOciAL, estimó que era importante realizar este protocolo y con ello, el financiamiento del mismo”, explicó Paulina Hernández.

CÓMO SE REALIZÓ
El proceso comenzó en las tres regiones del norte grande con la elaboración de un diagnóstico, con el objetivo de establecer las necesidades y las problemáticas que tenían las mujeres indígenas extranjeras privadas de libertad .

Posteriormente se preparó el protocolo, destinado básicamente a mejorar la defensa que entregan los abogados y funcionarios de la Defensoría Penal pública.

“Ahora ya estamos en la etapa de difusión de protocolo y la idea es precisamente explicar en qué consiste, tanto a los defensores como a otras autoridades, para que estén al tanto de cómo debe realizarse esta defensa, para que efectivamente ocurra esta mejora en las condiciones de atención a las mujeres indígenas extranjeras”, agregó Hernández.

Esta es la primera vez que se elabora un protocolo destinado efectivamente a este grupo vulnerable de mujeres imputadas, y que abarca desde el momento de la detención hasta el momento del cumplimiento total de su condena.

Pablo Aranda, abogado de la Unidad de Defensa Especializada del Departamento de Estudios de la Defensoría Nacional, quien también visitó la región, expresó que “dentro de la unidad especializada se trabaja con distintas áreas; está la defensa juvenil, la defensa migrante, defensa indígena, y defensa penitenciaria, pero nos dimos cuenta que existía un grupo súper vulnerable de población, que era precisamente era de estas mujeres indígenas extranjeras y privadas de libertad donde se cruzaban muchas de estas áreas especializadas”.

Agregó que “asimismo, nos dimos cuenta que no teníamos un defensor que tuviera el conocimiento en todos estos aspectos, y nos percatamos además que estadísticamente esa población específica estaba en las primeras tres zonas del norte grande, ya que no existe en otra parte de Chile mujeres indígenas extranjeras, donde se presentara el tema del arraigo y de las expulsiones lo que lo hacía aún más específico y más vulnerable que el resto de la población”, admitió.  

Las siguientes regiones donde se dará a conocer el protocolo de atención a mujeres indígenas extranjeras privada de libertad serán Tarapacá y Antofagasta.