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Defensoría presentó documentos que acreditan inocencia del acusado por muerte de dos carabineros

08/04/2016

El boliviano Juan Carlos Quispe está en prisión preventiva desde diciembre de 2015

Defensoría presentó documentos que acreditan inocencia del acusado por muerte de dos carabineros

Luego de que la defensa pública obtuviera certificados del Ministerio de Defensa de Bolivia que acreditan que el imputado cumplía su servicio militar en la fecha del crimen de los dos policías, se fijó fecha para el 20 de abril la audiencia de sobreseimiento de la causa por falta de antecedentes.

Por Daniela Tapia Méndez,
Defensoría Regional de Arica y Parinacota.

En el contexto de una nueva audiencia de revisión de prisión preventiva del boliviano indígena Juan Carlos Quispe, imputado por la muerte de dos carabineros en el altiplano chileno el pasado 22 de enero 2015, el defensor penal público Raúl Gil presentó ayer un informe -enviado desde la comandancia del Ejército de Bolivia y respaldado por el Ministerio de Defensa de dicho país-, en el que se acredita que el acusado cumplía con su servicio militar cuando ambos policías chilenos fueron asesinados.

En efecto, según informa y confirma el documento, Juan Carlos Quispe -quien pese a sostener su inocencia se encuentra en prisión preventiva de hace cuatro meses- realizó el servicio militar obligatorio desde el 9 de junio de 2014 hasta el 27 de junio de 2015.

El informe agrega que Quispe fue seleccionado como componente en un grupo de 10 soldados de la Compañía D “Litoral”, para ser declarados en comisión a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), para la erradicación de la hoja de coca excedentaria en los Yungas, desde 19 de enero al 30 de mayo de 2015, es decir desde tres días antes de la muerte de los carabineros en el altiplano chileno.

“Desde que ocurren estos hechos, el 22 de enero del 2015, esta es la quinta persona detenida en este caso y las cuatro personas anteriores quedaron en libertad por ser inocentes. Esto demuestra que cuatro veces la Fiscalía se ha equivocado en este caso", sostuvo Raúl Gil durante la audiencia.

Agregó que como parte de las pericias de investigación, se realizaron exámenes de ADN del lugar del homicidio, cuyos resultados, obtenidos en febrero de 2016- señalan la presencia en el sitio de perfiles genéticos de dos hombres que no son los carabineros fallecidos ni tampoco Juan Carlos Quispe.

"Ahora se suma otra prueba, que es el informe enviado por el Ministerio de Defensa de Bolivia, que demuestra que el día que fallecen los Carabineros él se encontraba realizando el servicio militar y sólo tenía permisos de salida los sábado y domingo”, aclaró el defensor público.

DEFENSA INDIGENA
El defensor público agregó que la Defensoría Regional de Arica y Parinacota trabajó este caso a través del modelo de defensa especializada indígena, a partir de lo cual se hicieron contactos con el consulado y el gobierno boliviano para la obtención de los documentos que acreditaban la permanencia de Juan Carlos Quispe en la unidad militar. A ello se sumó la incorporación de una perito antropóloga, para la facilitación internacional de dicho documento.

Raúl Gil explicó que también colaboraron en el proceso la Comisión de Derechos Humanos de Bolivia y la Defensoría Nacional, que realizaron contactos a través de la Defensoría de Bolivia. “Toda esta coordinación interinstitucional, con el fin de velar por los derechos indígenas que le asisten al imputado y demostrar, como lo hemos aseverado desde un inicio, la inocencia de nuestro usuario", señaló.

Consultado sobre el tema, el Defensor Regional de Arica y Parinacota, Claudio Gálvez, valoró las gestiones desplegadas por la unidad regional de defensa indígena como "un trabajo comprometido más allá de su responsabilidad (...) Se esforzaron ampliamente en buscar las pruebas necesarias, desde el extranjero, para demostrar la inocencia de Juan Carlos Quispe".

Agregó que más que un reconocimiento a la labor de la defensa pública, lo anterior "también es una alerta respecto de los procedimientos en comunidades indígenas. Desde la diversidad, la Defensoría defiende a toda persona, sin importar su condición social, racial o cultural y es por ello que esta causa expone el trabajo que hemos realizado desde nuestros inicios, demostrando así la prueba de una persona inocente”.

AGRUPACIÓN DE CAUSAS
Durante la misma audiencia, la Fiscalía informó la agrupación de esta causa con otras formalizaciones posteriores, por lo que la defensa pública pidió una nueva audiencia, esta vez para el sobreseimiento definitivo de Juan Carlos Quispe en la causa por la muerte de los dos carabineros. El tribunal la fijó para el 20 de abril.

“Creemos y aseguramos desde el primer día la inocencia de Juan Carlos, y lo que hace la Fiscalía es comunicar la agrupación de otras causas y hechos posteriores ocurridos en octubre del año pasado, completamente distintos a éstos y que no tienen vinculación con la muerte de los carabineros”, explicó Raúl Gil.

LOS ANTECEDENTES
El viernes 11 de diciembre de 2015 y a través de una declaración escrita que presentó la Fiscalía en el Tribunal de Garantía de Arica, Juan Carlos Quispe Chacolla fue mostrado públicamente como el culpable de la muerte de los dos carabineros en el altiplano chileno.

Sin embargo, no se tomó en cuenta -ni durante la audiencia, ni después de ella- la forma en que se obtuvo la confesión y que pasó antes de que Quispe se declarara culpable en la localidad de Charaña, en Bolivia.

Todo partió el miércoles 9 de diciembre, cuando vecinos de ese pueblo fronterizo, tras golpearlo y rociarlo con bencina, lo entregaron a Carabineros en la frontera, luego de que Quispe dijera ser culpable de la muerte de ambos policías chilenos para evitar que lo mataran.

Interrogado después en el retén de Visviri, el ciudadano boliviano declaró ser inocente. Tras ello, el 9 de diciembre por la noche fue llevado hasta la Segunda Comisaria de Putre. Por instrucción del fiscal, entre las 2 y las 5:30 de la madrugada de ese día, Quispe declaró allí ante un comisario de la PDI y un capitán del OS-9 de Carabineros de Iquique. El imputado contó más tarde a su defensor público que “allí lo amenazaron y golpearon en la cabeza. Le pidieron colaboración en la investigación, que se culpara e inventara todo lo sucedido".

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