Sala de Prensa

27/04/2016

Magistrados acogieron la tesis de la defensa pública y dictaron sentencia de reemplazo

Corte de Antofagasta absolvió por legítima defensa a imputado por homicidio

Cuatro años después de ocurridos los hechos, los jueces de la Corte resolvieron que la muerte de un joven de 27 años fue producto de la legítima defensa, luego de que el imputado repeliera el ataque del fallecido.

Por Julia Arriagada Márquez,
Defensoría Regional de Antofagasta.

La vida de D.J.V.R. cambió de golpe la madrugada del 4 de marzo de 2012, justo cuando llegaba a la casa de su tía. Allí sorprendió a dos sujetos forzando la puerta para intentar ingresar al domicilio. Sin pensarlo dos veces, D.J.V.R. enfrentó a los desconocidos, reprochándoles su conducta.

Sin embargo, uno de ellos enrolló una chaqueta en su brazo izquierdo y sacó un cuchillo con el que comenzó a agredirlo. En el transcurso de la pelea originada por esta agresión, D.J.V.R. logró arrebatarle el arma a su contrincante y automáticamente se la enterró en la zona cervical, provocándole la muerte.

Asustado, el autor de la estocada decidió huir y se escondió. Así estuvo dos años hasta que, en agosto de 2015, fue puesto a disposición del tribunal, por mantener una orden de detención pendiente.

Ahora, pasados ya cuatro años y luego de que el Tribunal Oral en lo Penal de Calama lo sentenciara a cuatro años de prisión efectiva, la defensora pública Ledy Liquitay recurrió a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, por no haberse tenido en cuenta en esa sentencia la legítima defensa, derivada de que D.J.V.R. solo repelió el ataque de quien resultó muerto.

LEGÍTIMA DEFENSA
Tras escuchar los alegatos del jefe de Estudios de la Defensoría Regional, Ignacio Barrientos, los jueces de la Corte acogieron la tesis de la defensa pública y en su fallo sostuvieron que el imputado actuó en circunstancias en que “no estaba en condiciones de buscar una forma menos lesiva para poner término a la riña con su antagonista, u otra forma distinta para concluir con la pelea”.

Ledy Liquitay destacó que la situación de su representado es particularmente dramática, dado que durante más de dos años se mantuvo oculto por creer que la justicia lo condenaría por los hechos en que se vio involucrado, lo cual derivó en una situación familiar muy complicada.

“Nuestro representado no pudo seguir trabajando ni desarrollando una vida tranquila luego de ocurridos los hechos, dado que nunca pensó que la justicia estaría a su favor y ahora espera recomenzar una vida nueva”, destacó la defensora pública.

El tribunal de alzada decidió también anular el fallo condenatorio del tribunal de Calama y emitió una sentencia de reemplazo en que lo absuelve y ordena, además, dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva, que lo mantenía interno desde agosto en la cárcel de Calama.

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