Sala de Prensa

04/10/2016

En UCN sede Coquimbo

Destacada participación tuvo la Defensoría Regional en seminario sobre agenda corta antidelincuencia

Ponencia de la institución estuvo a cargo del asesor jurídico, quien abordó la Ley N° 20.931 que introdujo importantes reformas al Código Procesal Penal y Penal.

Por Daniel San Martín D.,

Defensoría Regional de Coquimbo

“Aspectos penales y procesales de la ley de agenda corta antidelincuencia” se denominó el seminario que organizó el Magíster en Derecho de la Universidad Católica del Norte de Coquimbo y en el que tuvo una destacada participación la Defensoría Regional.

En la actividad, donde participaron defensores penales, jueces, fiscales, abogados, académicos y alumnos, expuso el asesor jurídico regional Carlos Esperguen quien es profesor de la Facultad de Derecho de la UCN y ha logrado un reconocido prestigio como ponente de la Defensoría Penal Pública en diversas instancias del área jurídica.

En su exposición, el abogado abordó la implementación del control preventivo de identidad, quien manifestó que de acuerdo a estadísticas policiales, hasta septiembre del presente año se habían controlado 225 mil personas de las cuales sólo el 6% de las personas tenían órdenes de detención pendiente.

Con mayor profundidad, Esperguen trató también los problemas que ha presentado la aplicación práctica de la rebaja de grado que se entrega a fiscales y querellantes en los juicios simplificados y procedimientos abreviados. En este sentido -dijo- se desarrolló un interesante debate respecto si esta reforma otorgaba facultades jurisdiccionales a los fiscales en desmedro de atribuciones que son propias de los magistrados.

En la parte final de su exposición y que motivó una amplia participación de opiniones, el letrado planteó una reflexión acerca de la política criminal de nuestro país, encaminada con intensidad al encarcelamiento de las personas. Allí comentó que recientemente un matutino de circulación nacional, exhibió cifras que critican el gasto estatal en materia de gratuidad universitaria, que ascendería en promedio dependiendo de las carreras entre 1 millón y 4,5 millones de pesos anuales, “si promediamos la primera cifra el gasto mensual por alumno sería de 83 mil pesos, en tanto el costo promedio por mantener una persona privada de libertad mensualmente es de 593 mil pesos”.  

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