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26/07/2017

Áspero debate por actuaciones del querellante Raúl Meza

Defensor público en el 'caso tsunami': querellante pidió revocar suspensión sin saber si se habían cumplido condiciones

El tribunal rechazó revocar la salida alternativa otorgada al ex jefe de Alerta Temprana de la Onemi, Johazel Jammet. La Fiscalía concordó con el defensor público Pablo Sanzana, ya que el imputado ya había cancelado la compensación comprometida.

Por José Ignacio Aguirre O.,
Defensoría Regional Metropolitana Norte.

El Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de revocación de la salida alternativa que esa instancia le otorgó al ex jefe de Alerta Temprana de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Johazel Jammet.

La audiencia la había solicitado inicialmente el Ministerio Público, ya que a marzo de este año al geógrafo le faltaba un saldo de 300 mil pesos del total de 4 millones que se comprometió a pagar como compensación por la muerte o desaparición de 104 personas a causa del tsunami posterior al terremoto del 27 de febrero de 2010.

Posteriormente Jammet completó el monto, por lo que el Fiscal Metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, acudió a la audiencia con el ánimo de desistirse de su solicitud original. Sin embargo, el abogado Raúl Meza, quien representa como querellante a una de las familias de las víctimas se 'colgó' de la solicitud del Ministerio Público y pidió la revocación de la suspensión condicional del procedimiento que favoreció a Jammet.

En su alegación Meza reconoció que desconocía cuál era el incumplimiento del ex jefe de Alerta Temprana, pero aún así pidió la revocación para someterlo a un juicio oral.

SIN FUNDAMENTO
El defensor público de Jammet, Pablo Sanzana, solicitó que se rechazara la petición, dado que no tenía ningún fundamento. Subrayó que Meza ni siquiera requirió la información al Ministerio Público para saber si su defendido había incumplido las condiciones de la suspensión del procedimiento, que es la única razón para pedir justificadamente la revocación.

El fiscal Pérez Calaf coincidió con la defensa de Jammet y señaló que el imputado ya había cumplido las condiciones. Éstas eran fijar domicilio, depositar un millón de pesos para la realización de un seminario –que ya se realizó- y depositar otros 4 millones de pesos en beneficio de las víctimas y sus familias. Expresó que aunque la solicitud era totalmente inconducente, en caso de ser acogida la revocación no tendría sentido, ya que las condiciones que se le exigieron al imputados ya estaban cumplidas.

La jueza Carolina Gajardo acogió los argumentos de la defensa pública de Jammet y de la Fiscalía y rechazó la solicitud del querellante Meza.

DURO DEBATE
Tras dictar la resolución del tribunal, la abogada Paula Vial, quien representa al ex jefe de turno del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Andrés Enríquez -también imputado en la causa- solicitó la palabra para criticar a Raúl Meza por lo que calificó como “uso y abuso” del dolor de las víctimas del 'caso tsunami' con fines políticos.

Según ella, quedó de manifiesto la "nula preocupación" del querellante por el dolor de los familiares, al generarles falsas expectativas como en este caso, en que pidió la revocación de una salida alternativa de un imputado sin molestarse en averiguar si había argumento para esa drástica medida. Meza reaccionó airado e interrumpió varias veces a la abogada, produciéndose un áspero debate entre ambos.

Al término de la audiencia, Raúl Meza anunció que apelaría la resolución ante la Corte de Apelaciones de Santiago. 

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