Sala de Prensa

23/01/2018

Inés Rojas se refirió a la aplicación del Convenio 169

Defensora Regional de Coquimbo expuso en seminario sobre pueblos originarios

La actividad contó con la asistencia del ministro de Desarrollo Social, Marco Barraza, además de parlamentarios, autoridades regionales y miembros de asociaciones indígenas de la región.

Por Daniel San Martín D.,
Defensoría Regional de Coquimbo.

“La Defensoría Penal Pública defiende a toda persona imputada que no cuente con abogado propio ante tribunales penales, desde Arica hasta la Antártica, independientemente de su origen, etnia, nacionalidad, identidad sexual o creencias”.

Con estas palabras, la Defensora Regional de Coquimbo, Inés Rojas, inició su presentación en el seminario “El Convenio 169 y su aplicación en la jurisprudencia chilena”, organizado por el Consejo de Pueblos Indígenas de la Región de Coquimbo y la Oficina de Asuntos Indígenas de la Municipalidad de La Serena.

La actividad, desarrollada en el auditorio de la Universidad Central, contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, junto a parlamentarios, autoridades regionales y miembros de cinco asociaciones indígenas de la región.

La abogada partió explicando el rol que desempeña la institución en el marco del sistema procesal penal e indicó que la defensa penal es una manifestación seria y explícita de que los derechos de cualquier persona son nuestros derechos y de que todos somos iguales ante la ley y la justicia, de modo que la Defensoría es una institución integrada por personas que defienden personas.

"Algunos sostienen que hay personas que por su origen o la gravedad de sus actos no deben ser defendidos, pero cada día demostramos precisamente la importancia de reconocer estas diferencias para poder ser iguales ante la ley”, enfatizó. 

DEFENSA ESPECIALIZADA INDÍGENA
Inés Rojas comentó luego que dada la alta tasa de población indígena y a la particularidad de las materias penales referentes a pueblos originarios, en 2003 se instauró la primera defensoría especializada del país: la oficina de defensa mapuche de La Araucanía. Agregó que posteriormente, cuando Chile ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2008, la institución determinó dar cobertura nacional de defensa penal a todos los imputados indígenas.

Añadió, por último, que desde 2017 rige el 'Manual de actuaciones mínimas de defensa penal de imputados indígenas', que regula la prestación especializada de defensa en estricto cumplimiento del Convenio 169 y de la Ley N° 19.253, estableciendo principios y derechos que deben ser considerados por los defensores.

“Buscamos brindar una defensa con pertinencia cultural, donde los defensores sean un puente entre el mundo occidental y las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios, con el fin que estas consideraciones sean atendidas en la resolución de un conflicto penal”, aclaró.

Por último, la Defensora Regional señaló que de norte a sur del país la institución cuenta con diez defensorías especializadas en este ámbito, que atienden a imputados de etnias aymara, quechua, rapa nui y mapuche y que el año pasado en conflictos penales los defensores representaron a 8 mil 808 imputados descendientes de pueblos originarios. 

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