Sala de Prensa

09/04/2018

Defensora Regional de Coquimbo en el diario El Día de La Serena:

"Queremos cambiar la percepción de que defendemos delincuentes... Nosotros defendemos personas”

En una extensa entrevista de tres páginas, la abogada Inés Rojas habló del rol de la Defensoría, las defensas especializadas y las causas emblemáticas de la zona. Recalcó que cualquier persona puede necesitar defensa, la que está garantizada para todos los habitantes del país.

Por equipo diario El Día de La Serena.

Con más de 17 años en la Defensoría Penal Pública y con más de un año a la cabeza como defensora regional, Inés Rojas reconoce los cuestionamientos a quienes trabajan representando a las personas que deben someterse a un proceso penal, pero no se cansa cuando se trata de educar sobre la necesidad del derecho a defensa para todas las personas.

Rojas se refirió a los principales hechos que han acaparado la prensa y la opinión pública en la región y detalló además los desafíos e iniciativas impulsadas por el organismo para cumplir mejor una labor muchas veces injustamente mal mirada, pero muy necesaria, asegura.

-Uno de sus desafíos cuando asumió era cambiar la percepción que se tiene de la Defensoría. ¿Cómo ha estado ese trabajo?
-Ha sido un trabajo bastante intenso. Para nosotros ha sido muy importante establecer contacto con los medios, colegios y universidades, dando cuenta de nuestro rol, ya que queremos cambiar la percepción de que defendemos delincuentes... Nosotros defendemos personas que están implicadas dentro de un proceso penal, pero que no todas son culpables o bien cometen delitos que son susceptibles de ser perpetrados por cualquier persona común, como delitos de tránsito. Muchas veces relacionamos a la Defensoría con delitos más graves, pero en el día a día, principalmente, nos toca atender delitos de baja complejidad.

-Pero resuenan los delitos de mayor connotación social. En el 'Caso Carabineros' hubo un cuestionamiento a la función de la Defensoría. ¿Cómo lo recibieron?
-Efectivamente. Es un hecho que fue doblemente doloroso para la Defensoría. Por un lado no podemos desconocer el dolor que nos produce a todos la muerte de los carabineros. Desde el primer momento hicimos saber a la comunidad que igualmente sentíamos ese dolor y, por otro lado, al no entenderse el rol, los defensores fueron bastante cuestionados, lo que también incide en nuestro actuar.
Somos personas, como todos, pero tenemos esta tarea, que es difícil. Buscamos que si es culpable, que se le aplique la pena justa, pero también tenemos casos de personas que son encarceladas y posteriormente declaradas inocentes. Lo que buscamos es que en esos casos ninguna persona que no haya tenido participación en un delito pase un día en la cárcel.

-¿Fue justa, a su juicio, la condena de Bastián Díaz, en comparación con las de los otros cinco implicados?
-Desde el primer momento sostuvimos que acá no existía un ánimo de Bastián, ni de ninguno de los otros implicados, en causar la muerte de los funcionarios. Nosotros respetamos las decisiones de los tribunales. En el tema legal la persona que tiene la conducción del vehículo tiene una responsabilidad distinta a las que lo van acompañando. Por eso los tribunales decidieron esta condena, que a criterio de nosotros es una condena bastante alta para el joven, dada la teoría del caso, pero fue la que el tribunal decidió y sólo nos queda acatarla.

-De igual forma recurrieron a la Corte Suprema para revertir el resultado. ¿En qué está ese proceso? ¿Ya está cerrado?
-Ya está afinado. La Corte Suprema declaró inadmisible, en primer lugar, el recurso que había interpuesto el defensor público y luego un recurso de reposición, que tenía por objeto intentar cambiar esta resolución. Se rechazó y en definitiva la causa está afinada y ya totalmente terminada”.

-Recién hablaba de la opinión pública. ¿Cree que pudo haber influido en el fallo?
-Creo que los jueces, de acuerdo con su criterio, son imparciales y toman las decisiones de acuerdo con lo que sus conocimientos y toda la jurisprudencia y la participación que han tenido en casos relevantes finalmente los lleva a decidir. Si bien uno siempre piensa que la opinión publica influye en la decisión de los jueces, creo, conociendo a los jueces de esta región, que acá hubo un criterio de derecho y no un criterio basado en la opinión pública.

APREMIO ILEGÍTIMO
-Se dio el caso de Richard Ortega, que denunció supuestos excesos de fuerza policial en su detención. Lo declaró en la audiencia de control de detención, pero en lo concreto ustedes son defensores. ¿Cómo se sigue el proceso?
-Una defensora penal pública tomó este control de detención, verificó que la persona que había sido detenida efectivamente tenía muestras claras en su cuerpo de haber recibido lesiones. Él denunció a Carabineros y como lo hacemos normalmente, en la misma audiencia se hizo presente esta circunstancia al juez y él formuló la denuncia. Además, enviamos los antecedentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos, para que ellos tomen conocimiento de esta causa y, en definitiva, si así lo estiman pertinente, puedan iniciar una querella contra los funcionarios de Carabineros. Este es el conducto regular que usamos, ya que eventualmente podríamos ser defensores de esos carabineros”.

-La defensora indicó que están poniendo especial atención a los casos de este tipo. ¿Son muy comunes?
-Hemos estado bastantes preocupados como Defensoría Regional en poder tener información de casos en los que se ha aplicado excesivamente la fuerza respecto de nuestros detenidos, porque principalmente los casos de vulneración de garantías se producen en la detención.
Hemos tenido información de estos casos, se los derivamos al INDH. Se han formalizado denuncias en los tribunales y hace un tiempo el equipo directivo de la Defensoría estuvo en un almuerzo con el general de Carabineros y toda la plana mayor de la zona, donde le informamos esta situación y él también está muy preocupado de lo que estaba sucediendo en los cuarteles. Nos ha pedido información y creemos que también se va a iniciar un proceso de capacitación a los carabineros, para que estas situaciones no sigan sucediendo.

CASO ROY CANALES
-En el caso de Roy Canales, la audiencia se aplazó. ¿Cuál fue el objetivo?
-Efectivamente, la audiencia se aplazó, por cuanto era necesario tener una preparación dado el tipo de causa y los antecedentes que existían, para ejercer una defensa adecuada. Finalmente logramos obtener los antecedentes de la investigación, que eran bastante importantes, y el defensor pudo contar con todas las herramientas necesarias para ejercer una defensa de calidad.

-Finalmente se hizo la audiencia, pero a puertas cerradas. ¿A qué respondió esa petición?
-Normalmente en este tipo de casos, tanto la Defensa como la Fiscalía exponen esa situación al tribunal y se hace para cautelar, en nuestro caso, los derechos de los imputados, pero también se garantiza la integridad de las víctimas. Son delitos en los que no es bueno que se conozcan los detalles todavía en esta etapa primera del procedimiento.

-Un caso particularmente complejo que implica a una persona conocida y víctimas menores de edad. ¿Cómo se va a trabajar?
-Efectivamente, es un caso bastante complejo, que va a requerir bastante estudio, tanto del defensor asignado a la causa como también por el apoyo que va a tener de la Defensoría Regional. Es un caso difícil, pero la teoría del caso que tenemos hasta el momento es que no existirían los elementos necesarios para configurar los delitos por los cuales se le está formalizando.

ESPECIALIZACIÓN DE DEFENSORES
-Hay un trabajo importante en la especialización de los defensores. ¿Cómo se ha desarrollado esto y en qué puntos se enfocan?
-La Defensoría es un organismo que va un paso más adelante en la visualización de ciertos sectores vulnerables, que en definitiva puedan posteriormente requerir una atención especializada en defensa. Es así como tenemos desde 2007 la defensa especializada de jóvenes, que ha sido bastante exitosa; tenemos la defensa penitenciaria, que era una etapa del proceso que no se atendía hasta el momento, empezó con un proyecto piloto en nuestra región y ahora se ha difundido a todo Chile. Cautela las garantías de las personas condenadas, porque antiguamente el proceso llegaba sólo hasta la sentencia.

-En la comuna está el caso de María del Pilar, la interna transgénero que ha denunciado malos tratos en penales…
-Esto lo hemos visto con el defensor que tiene asignado el caso de María del Pilar. Estamos constantemente visitándola, presentando requerimientos al tribunal de garantía para cautelar principalmente sus peticiones de atención de salud, que ella siempre está requiriendo. Hemos estado en constante comunicación y apoyo.

-¿Habrá otras defensas especializadas?
-La que está emergiendo es la defensa especializada de migrantes, con la irrupción de este grupo en la sociedad. Defensa de personas indígenas, que está extendida por todo el país. Últimamente implementamos también una atención especializada de personas con problemas de salud mental y ahora se está implementando una defensa con enfoque de género, principalmente a las mujeres privadas de libertad.

-¿Qué temas de género tratan los defensores?
-Lo que sucede es que una mujer privada de libertad tiene una problemática totalmente distinta a la de los hombres, por cuanto los hijos quedan a disposición de familiares o algunas veces sin ningún tipo de protección. Tenemos que incorporar esta temática en nuestras alegaciones, para evitar que las mujeres sean privadas de libertad y les puedan dar otras medidas cautelares que les permitan estar en su casa con sus hijos, si no la problemática que se produce en la familia y el abandono en que muchas veces quedan los menores es bastante complejo.

BAJA EN MENORES REINCIDENTES
Otorgar defensa a todas las personas sin importar el delito, ni cuántas veces haya sido parte del sistema penal es uno de los lineamientos principales de la Defensoría Penal Pública.

Pero lo que la legislación garantiza como un derecho muchas veces es cuestionado, más aún cuando se conocen casos de delincuentes con amplios prontuarios policiales y particularmente cuando sucede con los menores de edad genera más molestia. Sin embargo, Inés Rojas fue enfática en señalar que “esa sensación de que los menores están continuamente involucrados en delitos es más una percepción que una realidad”.

La defensora regional informó que en el último año hubo una rebaja en 13 puntos porcentuales en el ingreso de los menores de edad a la Defensoría. “Acá tiene que ser un sistema de Estado que permita que nosotros partamos reinsertando y ayudando a los jóvenes”, indicó, apuntando también a la deserción escolar.

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