Sala de Prensa

22/06/2018

A pesar de que existía orden del tribunal en tal sentido

Agresiones a imputados ecuatorianos revelan incumplimiento de medidas de seguridad de Gendarmería

El ataque de un numeroso grupo de internos a imputados ecuatorianos terminó con cuatro internos y un gendarme imputados por tortura. La defensa pública cuestionó la calificación del delito, que a su juicio sería sólo de lesiones.

Por José Ignacio Aguirre O.,
Defensoría Regional Metropolitana Norte.

El incumplimiento de las medidas de seguridad ordenadas por el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago a solicitud de la defensa, quedó de manifiesto en la audiencia de formalización de los cuatro internos que agredieron a igual número de imputados ecuatorianos que ingresaron al penal Santiago I.

El efecto, al finalizar el 19 de junio la audiencia de formalización de estos cuatro imputados por el homicidio de Margarita Ancacoy (40), si bien la magistrada Tatiana Escobar concedió la prisión preventiva solicitada por la fiscal Marcela Adasme, acogió también la solicitud del defensor penal público Matías Canales y ofició a Gendarmería para que adoptara medidas de seguridad respecto de los detenidos Cristián Romero (20), Jonathan Chávez (21), Olger Otávalo (20) y Diego Tabango (20).

INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS
A pocas horas del ingreso al penal se conoció en redes sociales un video en el que dos de esos imputados –Romero y Chávez- aparecían siendo rapados, desnudados, golpeados y sometidos a golpes eléctricos, lo que dejó en evidencia el incumplimiento de las medidas requeridas por el tribunal.

Matías Canales debió presentar un recurso de amparo vía teléfono ante el juez de turno, Patricio Álvarez, y luego concurrir y permanecer hasta cerca de la medianoche en el penal, para lograr comprobar en terreno la condición en que estaban sus representados. La gestión derivó en que los cuatro imputados fueran trasladados a la Unidad Especial de Alta Seguridad (UEAS).

En la respectiva audiencia de cautela de garantía, en que el juez Patricio Álvarez pudo ver a los ecuatorianos con las señales de maltrato, acogió las solicitudes de los defensores públicos Matías Canales y Felipe Ibáñez y confirmó el traslado a la UEAS.

CUESTIONADA CALIFICACIÓN
Al día siguiente -22 de junio- la Fiscalía formalizó a cuatro internos de Santiago I por los delitos de tortura en contra de los ecuatorianos Cristián Romero y Jonathan Chávez. Se trataba de los chilenos Manuel Toro y Sergio Blanch, el dominicano Miguel Ángel del Rosario y el colombiano Jarvy Torres.

La fiscal Marcela Adasme informó que también estaba en calidad de imputado el gendarme Héctor Palma, quien estaba a cargo del módulo 11, donde ocurrieron los hechos, y supuestamente hizo 'la vista gorda' en torno al ataque que estaban sufriendo los dos ecuatorianos.

La fiscal pidió la prisión preventiva de los cuatro imputados. Explicó que todos ya estaban en prisión por otros delitos, pero existía la posibilidad de que su situación se revisara y salieran en libertad. Toro y Blanch están formalizados por homicidio, Del Rosario por robo con intimidación y Torres –que las víctimas sindican como el líder de los agresores- por falsificación de instrumento privado mercantil. Este último habría grabado y subido el video a internet. Ninguno de ellos tiene antecedentes penales.

El defensor penal público Washington Fernández se opuso a la severa medida cautelar, ya que a su juicio la Fiscalía estaba forzando el tipo penal. Explicó que para que exista tortura ésta debe ser realizada por un funcionario del Estado, y esta supuesta participación de un gendarme vía omisión no cumple los requisitos que exige el legislador. También hizo ver que no existía ningún indicio de un concierto entre los imputados y el uniformado en torno a las agresiones.

Agregó que en realidad lo ocurrido corresponde al delito de lesiones, tal como lo constató el informe médico que acreditó lesiones leves.

El magistrado Freddy Cubillos desestimó la argumentación de la defensa, ya que fundamentó que la aplicación de corriente eléctrica involucra mucho dolor. Y respecto de la participación del gendarme, señaló que en el presente estado procesal hay suficientes antecedentes para la formalización de solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía.   

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