Sala de Prensa

25/06/2018

Defensoría Penal Pública

La apuesta de focalizar atención especializada en sectores vulnerables (*)

En la Región de Aysén la defensa penitenciaria es una de las más requeridas.

La siguiente entrevista a la defensora penitenciaria Pamela Morales, de la Defensoría Regional de Aysén, fue publicada por el diario El Divisadero.

La Defensoría Penal Pública es una de las instituciones del sistema de justicia penal que ha comprendido la necesidad de especializar sus servicios, apuntando a entregar una atención de la mejor calidad posible a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Así nacieron las defensas especializadas dirigidas a migrantes, privados de libertad, mujeres, adolecentes, indígenas  e inimputables.

Jorge Moraga Torres, Defensor Regional de Aysén, destaca que esta priorización tiene su origen en comprender que los grupos mencionados se encuentran en situaciones mucho más vulnerables que otras personas, especialmente al enfrentar una investigación y/o acusación penal.

“A través de la especialización de los defensores y demás profesionales, buscamos nivelar la  situación en que se encuentran estas personas, entregándoles una defensa que comprenda y considere sus contextos sociales, culturales, así como etapa de desarrollo, etcétera”, explicó Jorge Moraga.

PRIVADOS DE LIBERTAD
Sin embargo, la defensa penitenciaria  es una de las más habituales, como especialidad, en la Región de Aysén.

Esto se debe a la situación en que se encuentran numerosos hombres y mujeres que han sido condenados a penas privativas de libertad y las posibilidades de acceder a beneficios intra-penitenciarios, a los que tienen derecho, así como  a las diversas situaciones que viven en el encierro.

Es por ello que Diario El Divisadero conversó con Pamela Morales, defensora pública penitenciaria, para conocer otros antecedentes en esa materia.

-¿Por qué la Defensoría Penal Pública debe hacerse cargo de la defensa de personas condenadas?
-La labor de la Defensoría Penal Pública no termina en la representación de las personas imputadas de delito, sino que continúa con las personas adultas que son condenadas a sanciones privativas de libertad, a través de nuestro servicio de defensa penitenciaria.
El objetivo es resguardar los intereses, garantías y derechos de la persona condenada, porque no debemos olvidar que la sanción impuesta a una persona por un tribunal es sólo la privación de su libertad. Sus otros derechos continúan intactos, tales como ser tratado con dignidad, recibir atención médica, y también tratar de reducir el tiempo de condena cumpliendo una serie de requisitos que no son menores.
Si queremos lograr un mínimo de reinserción social de estas personas, lo lógico es darles un tratamiento humano y oportunidades para volver a enfrentar honradamente la vida en el medio libre, recuperar sus familias, etcétera. Este programa se instaló en la región de Aysen en 2016, siendo esta la última región del país en incorporarlo.

-¿Quiénes trabajan en este programa penitenciario y cuál es el servicio que presta?
-En la Región de Aysén llevamos a cabo el programa penitenciario en conjunto con una trabajadora social, una asistente administrativa y quien habla. Nuestra labor consiste en prestar asesoramiento y asistencia a los condenados y condenadas en aspectos tan diversos como permisos de salida, libertad condicional, rebajas de condena, abonos de prisión preventiva, unificación de penas, traslados dentro y fuera de la región, reclamos de castigos y debida asistencia médica.
A diario recibimos en nuestras oficinas a familiares de las personas privadas de libertad que desean hacer consultas o tienen dudas sobre las condenas de sus familiares. También atendemos a los condenados en las unidades penales donde se encuentran recluidos.
Durante el año pasado tramitamos 259 requerimientos, 176 de ellos de tipo administrativos y 83 de tipo judicial.

-¿A cuántas personas atiende el programa?
-Le doy un ejemplo. Durante el año pasado en la Región de Aysén el programa de defensa penitenciaria atendió al 91 por ciento de las 195 personas que hasta el 31 de diciembre cumplían condena privativa de libertad en alguno de los cinco recintos penitenciarios de la región.
Todas las semanas, individualmente o en conjunto, visitamos las unidades penales de Coyhaique y de Puerto Aysén, y quincenalmente concurrimos al Centro de Estudio y Trabajo (CET) Valle Verde.

-¿Por qué el Estado debe hacerse cargo y velar por los derechos de los presos, cuando ellos han cometido delitos sin, al parecer, importarles el daño que causaron?
-Lo que distingue a una sociedad desarrollada, pensante y con un cierto grado de ética es el respeto por los derechos humanos. Más allá de cualquier circunstancia, todas las personas somos merecedoras de que a lo menos nuestros derechos más básicos sean respetados.
Si una persona es investigada o acusada de cometer una falta, crimen o simple delito, tiene derecho  a una investigación y a un juicio justo y a ser representada por un defensor. Si la persona fue condenada, tiene derecho a que un defensor público cautele las condiciones en que cumple esta condena, que sus otros derechos no sean vulnerados, que exista un grado base de dignidad y respeto en su trato.
No nos olvidemos que la gran mayoría de los presos en nuestro país viven en cárceles que no responden a los estándares carcelarios modernos, por lo que están hacinados, en celdas sin calefacción, en condiciones indignas de vida, en las que evidentemente pensar en la reinserción o rehabilitación es casi imposible. Entonces parece que es necesario contar con un defensor especializado en materia penitenciaria para asegurarse de que, pese al encierro y sus condiciones, sus otros derechos serán respetados.

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