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26/06/2018

Loreto Flores, Defensora Regional en entrevista con El Mercurio de Antofagasta:

“No parece lógico que se fomente la sanción penal sin que se reestructuren los programas de reinserción” (*)

Mientras el Gobierno propone endurecer sanciones, la Defensoría advierte que se necesitan programas para evitar la reincidencia. Cifra de adolescentes imputados bajó a la mitad en cuatro años.

Por Jonathan Mondaca,
periodista El Mercurio de Antofagasta.

En la región, la cifra de menores que vuelven a cometer delitos (reincidencia) llega al 54 por ciento, según las estadísticas de la Defensoría Penal Pública (DPP), institución que atiende prácticamente el 100 por ciento de estos casos en Antofagasta.

El fenómeno es complejo y es motivo de diferentes propuestas. Mientras algunas apuntan a contabilizar como una agravante la reincidencia, otras sostienen que los programas de reinserción deben focalizarse en los primerizos, para evitar que éstos pasen a formar parte del segundo grupo.

Los números de la DPP indican que en los últimos cuatro años,la cantidad de adolescentes que participan en la comisión de delitos bajó de manera sostenida en Antofagasta (ver infografía).

De los mil 529 menores entre los 14 y 18 años que pasaron por la Defensoría en 2014, la cifra descendió a solo 793 durante el año pasado en la región.

Sin embargo, la coyuntura nacional llevó a que el gobierno anunciara el envío de un proyecto para modificar la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) y endurecer las sanciones para quienes aparezcan como reincidentes. El proyecto también contempla aumentar las penas efectivas para los menores que delincan.

En gran medida, la idea fue propuesta el pasado 7 de junio tras la muerte de un carabinero, quien el día anterior fue baleado en la cabeza por un menor de 17 años durante un operativo antidrogas en la población El Bosque de La Pintana.

Para la defensora regional, Loreto Flores, primero hay que mirar las estadísticas y evaluar el funcionamiento de la LRPA.

PROGRAMAS
“En ese sentido uno puede apreciar una baja sostenida durante los últimos cuatro años de la injerencia de adolescentes en materia penal”, explicó.

Para Flores -quien posee un magíster en criminología y justicia penal-, ante esta evidente disminución, la idea no es endurecer penas. Respecto de la reincidencia, que según la abogada es mayor que en los adultos, sostuvo que los programas acompañados de la sanción penal no están funcionando.

La defensora puntualizó que los convenios internacionales establecen que cualquier sanción de un adolescente debe tener como finalidad su reinserción social.

“No parece lógico que se fomente la sanción penal sin que se reestructuren los programas de reinserción, que sean efectivos. No es lo mismo que una persona de 30 años esté durante cinco años privada de libertad que para un adolescente de 17, que todavía está en proceso de formación”, enfatizó Flores.

La abogada advirtió que este es un punto clave, ya que los jóvenes antes de los 18 años aún están en etapas donde un proceso de reinserción puede ser exitoso.

Detalló que la reincidencia en delitos de gravedad es bastante baja, ya que la mayoría corresponde a delitos contra la propiedad. “Cuando hablamos por ejemplo de homicidios o delitos que afectan la vida de las personas, la cifra es baja”, dijo.

Estos programas, que son estandarizados, los aprueba un tribunal, pero dependen y son propuestos por el Sename. Un estándar superior deben tener los programas, agregó Flores. Es decir, que los adolescentes no sólo cumplan con ellos, sino también se determina qué es lo que se busca del adolescente: que nivele sus estudios, obtenga orientación  sicológica o rehabilitarlo de las drogas, entre otros.

En cuanto al momento en que se proponen este tipo de proyectos para modificar leyes, agregó que “no es sano que tras un caso dramático (homicidio del carabinero), se genere una discusión de modificación legal sin analizar los datos empíricos”.

Añadió que faltan estudios para establecer por qué hay menos adolescentes con injerencia en delitos que los adultos y dentro de las variables que afectan, cuál es la que funciona mejor e impide que la cifra sea más alta.

El número de menores que cumplen condena o están sometidos a internación provisoria en la región llega solo a los 32 casos.

En una entrevista concedida a este diario tras la muerte del carabinero en la capital, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró que se requieren acciones efectivas para revertir el fenómeno de la delincuencia juvenil.

“Luego de diez años (de vigencia de la ley) es el momento de la revisión, y en diez años este país ha cambiado mucho (...) Hoy día (los menores) están con armas, están con un problema fuerte de acción criminal, pertenecen a pandillas, están con una decisión delictual distinta y ya nos estamos encontrando con demasiados menores armados participando en delitos muy graves. Esa realidad, quizás estaba más atenuada diez años atrás”, puntualizó el ministro Chadwick.

VULNERACIÓN
El sociólogo David Figueroa piensa que aplicar más sanciones es una medida urgente e incluso “desesperada de atacar el problema”.

“En Chile las políticas para infractores son netamente castigos. las cárceles no son capaces de reinsertar a las personas socialmente ni menos darle un sentido para que hagan algo con sus vidas”, dijo el sociólogo.

Figueroa cree que el tema está siendo mal abordado al proponer más sanciones. “Los adolescentes son infractores porque previo a esa conducta sufrieron vulneraciones de derechos, en cuanto a su educación, o porque viven en sectores periféricos marginales”, indicó el sociólogo.

El profesional concluyó que está comprobado que el aumento de penas no reduce los delitos, sino las políticas de reinserción y disminución de las brechas sociales.

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