Sala de Prensa

05/07/2018

Columna de opinión:

Delincuencia: ¿qué esperar del sistema procesal penal?

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional de Aysén, fue publicado el jueves 5 de julio en el diario El Divisadero.

Por Jorge Moraga Torres,
Defensor Regional de Aysén.

Es natural que ante hechos delictivos que causan impacto en la sociedad broten una serie de preocupaciones por la seguridad, tanto pública como personal. Junto con ello, inexorablemente se va viendo mermada la confianza que debemos depositar en aquellas instituciones cuyo quehacer se relaciona con la seguridad pública y la administración de justicia.

Sin embargo, lo que no puede ocurrir es que aquella comprensible preocupación nuble nuestra visión de mediano y largo plazo, adoptando posturas o -más grave aún- decisiones de política criminal que vengan a ser principalmente el resultado de un análisis que no se condice con las graves falencias sociales que aún presenta nuestro país y cuya implementación puede constituir un retroceso respecto del tipo de sociedad a la que debemos aspirar de manera permanente, en cuanto a ser respetuosa a cabalidad de los derechos de las personas, como son por ejemplo el derecho a la presunción de inocencia o a la igualdad ante la ley.

Chile cuenta con un sistema procesal penal diseñado para que el Ministerio Público, apoyado por  las instituciones auxiliares de la justicia, tales como las policías, el Servicio Médico Legal y otros, dirija la investigación de los delitos en representación de la sociedad.

A la Defensoría Penal Pública le corresponde representar legalmente a quienes son investigados o acusados de cometer algún delito. Finalmente, serán los tribunales de justicia los que tendrán la responsabilidad de sopesar la prueba entregada y los argumentos esgrimidos por ambas partes, para decidir la culpabilidad o inocencia de una persona y aplicar una sanción ajustada a derecho, según corresponda.

Se trata de un sistema en el que cada una de las partes involucradas realizamos nuestra labor con compromiso y profesionalismo, única forma en que el sistema de justicia penal puede llegar a funcionar adecuadamente, cumpliendo de este modo a plenitud su razón de ser. Sin embargo, para evitar falsas expectativas en la sociedad, es necesario entender hasta dónde llegan nuestras atribuciones.

Si queremos una justicia más efectiva en lo inmediato, evidentemente siempre es posible pensar en adecuaciones legales relativas al sistema de justicia penal, pero si lo que buscamos en el fondo es una sociedad más pacífica, que presente una sostenida disminución del fenómeno de la delincuencia, debemos tomar indefectiblemente medidas en otros ámbitos, a mediano y largo plazo, que están relacionados con políticas públicas que apunten a ayudar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Como siempre se recuerda, la delincuencia es un fenómeno multicausal y no se disminuirá aumentando las penas asociadas a cada delito o haciendo un uso exagerado de la prisión preventiva.

Los controles policiales, la adopción de medidas cautelares o la dictación de las correspondientes sentencias condenatorias son acciones que, en relación con el fenómeno de la delincuencia, pueden ser una ayuda, pero evidentemente son del todo insuficientes con miras a una solución real y permanente en el tiempo respecto de dicha grave problemática.

Lo que realmente ayudará en este propósito es abordar la raíz del problema, potenciando el acceso a la educación, la salud y el trabajo, que son los pilares básicos e insustituibles de toda sociedad que se dice desarrollada.

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