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27/07/2018

.En su balance de gestión 2017, Marco Montero abogó por prevenir y resocializar más, pues el encarcelamiento no es la única solución

Defensor Regional de Tarapacá llamó a fortalecer una política integral ante el delito que resguarde la dignidad de las personas

También anunció el plan de construcción de una Defensoría Local en Alto Hospicio, luego de obtener la validación RS, que habilita al proyecto para recibir fondos sectoriales.

Por Héctor Mérida C.,
Defensoría Regional de Tarapacá.

Un llamado a fortalecer una política integral para intervenir en el problema del delito fue el mensaje central que el Defensor Regional de Tarapacá, Marco Montero Cid, entregó durante el balance de la gestión 2017 de esa oficina institucional.

La ceremonia se realizó en Alto Hospicio, ante invitados como el Defensor Nacional, el intendente y otras autoridades regionales, jefes de servicio, representantes del sector judicial, dirigentes vecinales y miembros de las comunidades indígenas y de migrantes.

“Ante un delito, la respuesta de la sociedad no puede centrarse única y exclusivamente en el control, la vigilancia y el castigo. No rechazamos el ejercicio de la autoridad, sino que es preciso ampliar la mirada”, explicó Montero.

Agregó que “el delito siempre tiene un ayer, esto es: una causa que lo origina; un hoy, que es una presunta conducta ilícita que debe ser investigada, juzgada y, de ser comprobable la culpabilidad, castigada con una pena proporcional y justa”.

Sin embargo, advirtió que "el delito tiene también un mañana. Y, para que el ayer y el hoy no hayan sido en vano, debemos tener políticas públicas eficaces, para que la persona sancionada no vuelva a delinquir”, subrayó.

Montero hizo este análisis luego de que se exhibiera un video con los principales datos sobre los casos atendidos por la institución el año pasado en esta zona del país. Según ese recuento, durante 2017 las causas sumaron 9 mil 756, un 9 por ciento más que el año anterior.

De esa cifra global se desprende, además, que los delitos más recurrentes siguen siendo las transgresiones a la Ley de Tránsito (15 por ciento), a la Ley de Drogas (14 por ciento) y al delito de lesiones (13 por ciento), que principalmente se refiere a casos de violencia intrafamiliar (VIF).

LOS INVITADOS
Al acto solemne de entrega del balance de gestión asistieron el Defensor Nacional, Andrés Mahnke; el intendente regional, Miguel Ángel Quezada; el senador Jorge Soria, los diputados Hugo Gutiérrez y Ramón Galleguillos, el presidente de la Corte de Apelaciones de Iquique, ministro Rafael Corvalán; el fiscal regional, Raúl Arancibia; el gobernador de Iquique, Álvaro Jofré; los alcaldes de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, y de Colchane, Javier García; los jefes y representantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI, cónsules y otras altas autoridades. También participaron representantes de pueblos originarios y de las comunidades de migrantes de la zona.

La ceremonia tuvo como sede el auditorio que la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) mantiene en Alto Hospicio. Allí la actividad comenzó con la Pawa, ritual aymara conducido por el yatiri Haroldo Cáceres, para posteriormente desarrollar las exposiciones de cifras y las palabras del Defensor Regional.

Marco Montero también remarcó que el año pasado hubo 612 imputados adolescentes en Tarapacá, “210 causasmenos  que en 2016. Esto demuestra una clara tendencia a la baja, muy al contrario de la creencia o percepción que se tiene popularmente”, indicó.

NUEVA SEDE EN ALTO HOSPICIO
El directivo anunció también que esperan iniciar el próximo año la construcción de las primeras instalaciones institucionales en la ciudad de Alto Hospicio. “Hace un par de semanas obtuvimos la anhelada certificación de Rentabilidad Social y Técnica de este proyecto, el llamado RS, que validad la calidad de esta propuesta y lo habilita para recibir fondos sectoriales”, especificó.

El Defensor Regional agregó que en la zona se ha ido innovando en la manera de asumir la defensa de los casos que atienden, de manera de optimizar la actuación de los 26 defensores públicos en funciones. En este plano, especificó que ya se cuenta con abogados especializados en defensa juvenil, penitenciaria, de condenados a penas no privativas de libertad, de mujeres indígenas, extranjeras en prisión preventiva y se prepara la versión para varones en esa misma condición.

Agregó que también se proyecta la defensa especializada para migrantes y una línea de trabajo para personas con enajenación mental.

Marco Montero llamó la atención sobre los casos de personas que sufren prisión preventiva y finalmente son absueltas de responsabilidad penal, fenómeno que es registrado en el "Proyecto Inocentes" de la Defensoría Penal Pública.

Según el abogado, el año pasado hubo 92 personas de la región en esta situación, contexto en que destacó el caso de Ángel Canales, un trabajador portuario iquiqueño que estuvo cuatro años encarcelado, tras lo cual la Corte Suprema ordenó realizar de nuevo su juicio, tras el cual obtuvo su absolución definitiva, en abril de este año.

“Casos como el de don Ángel -y tantas otras personas- son los que la Defensoría Penal Pública busca reparar a través de su 'Proyecto Inocentes'. Debemos reconocer y aceptar que hemos errado y que es preciso encontrar las causas de esa equivocación y enmendarlas”, concluyó Montero.

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