Sala de Prensa

21/08/2018

Jefe de la Unidad de Corte, Claudio Fierro, alegó ante la sala penal de la Corte Suprema

Caso Luchsinger: defensa pública de José Peralino presentó alegatos para anular su condena

El principal argumento que avala la nulidad del segundo juicio oral en su contra es que sus derechos fueron vulnerados, pues su condena se basó en declaraciones que prestó como testigo, sin que se le reconociera su condición real de imputado. También alegaron los defensores privados de José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel. Los alegatos de la Fiscalía y los querellantes se realizarán el jueves 23.

Por Marcelo Padilla V.,
Defensoría Nacional.

El abogado Claudio Fierro, jefe de la Unidad de Corte de la Defensoría Nacional, presentó esta mañana los alegatos que sustentan el recurso de nulidad interpuesto por la institución en favor del comunero mapuche José Peralino Huinca, condenado a 5 años de presidio menor en su grado máximo por su presunta participación en el incendio que costó la vida al matrimonio Luchsinger Mackay, ocurrido en la madrugada del 4 de enero de 2013 en Vilcún, región de La Araucanía.

Ante una sala penal de la Corte Suprema presidida por Hugo Dolmestsch e integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Jorge Dahm y Manuel Valderrama, Fierro fue el primero en presentar sus argumentos, lo mismo que hicieron más tarde los defensores privados Pablo Ortega y Sebastián Saavedra, quienes representan respectivamente a los comuneros José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, quienes fueron condenados a cadena perpetua simple por los mismos hechos, en el segundo juicio oral del caso, que absolvió a los otros ocho imputados, entre ellos la machi Francisca Linconao.

“La verdad no puede ser obtenida a cualquier costo”, explicó Fierro, para respaldar el principal argumento expuesto en el recurso, que busca la nulidad del reciente juicio y la realización de un tercer proceso en favor de los tres condenados, quienes habían sido absueltos en el primer juicio oral en su contra.

IMPUTADO Y NO TESTIGO
Según el letrado, en las dos declaraciones prestadas por Peralino ante funcionarios de la PDI -primero el 8 de noviembre de 2013 y luego el 23 de octubre de 2015- se vulneraron sus garantías, “pues pese a que en los hechos declaró como imputado, no se le respetaron sus derechos como tal, ni tampoco se guardó registro alguno de estas actuaciones, lo que impidió a su defensa contrastarlas adecuadamente”, sostuvo.

Fierro agregó que justo antes de esta segunda declaración del comunero, éste se entrevistó privadamente con los fiscales Alberto Schiffelle y Luis Arroyo -encuentro del que tampoco hubo registro alguno-, tras lo cual Peralino declaró como ‘delator compensado’, inculpando en su momento a los otros diez imputados que tuvo la causa. Tras cuestionar los estándares del Ministerio Público por este “encuentro informal”, el abogado aseguró que “los derechos de mi representado fueron absolutamente vulnerados”.

“Lo que exige la ley es que esas declaraciones deben estar dentro de un contexto de legitimidad asociado al estatuto de derechos que tiene un imputado (...) Todas esas situaciones entendemos que pudiesen haber sido realizado de una manera distinta, más apegada a la ley, a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos”, indicó.

El jefe de la Unidad de Corte citó como respaldo de sus argumentos un reciente informe de la Comisión de la ONU contra la Tortura, que reiteró la inadmisibilidad de las pruebas  obtenidas con infracción de garantías, y un reciente estudio de Amnistía Internacional, que acusó un intento por criminalizar a José Peralino, dados los reiterados intentos por cerrar la investigación fiscal iniciada en torno a las denuncias de apremios que presentó contra los funcionarios de la PDI ante quienes prestó ambas declaraciones.

OTRAS CAUSALES DE NULIDAD
Claudio Fierro argumentó también otras causales de nulidad, acusando falta de imparcialidad del tribunal e infracción al principio de congruencia, tras lo cual solicitó que en caso de que la Corte no valide sus argumentos principales, dicte sentencia absolutoria de reemplazo en contra del comunero, por errónea aplicación del derecho.

Luego de un receso, Pablo Ortega y Sebastián Saavedra presentaron sus respectivos alegatos, tras lo cual la ausencia entró en receso hasta el próximo jueves 23 en la mañana, cuando tocará el turno de alegar a la Fiscalía y a los querellantes, en este caso la Intendencia de La Araucanía y el abogado de la familia Luchsinger. Finalmente, se anunció que la resolución de la sala penal se conocerá a las 13 horas del miércoles 12 de septiembre próximo.

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