Sala de Prensa

30/11/2018

María Soledad Llorente es la primera mujer en asumir el cargo en la región:

Nueva Defensora Regional de Los Lagos asumió su cargo

La abogada destacó el valor del aporte que hace la Defensoría al sistema de justicia y recalcó la necesidad de un enfoque que combine la rigurosidad técnica con una mirada más humana.

Por Jorge Mansilla Macías,
Defensoría Regional de Los Lagos.

Este lunes 3 de diciembre asumió como nueva Defensora Regional de Los Lagos la abogada María Soledad Llorente Hitschfeld, quien fue nombrada por el Defensor Nacional, Andrés Mahnke Malschafsky, tras un concurso público en que participaron abogados y abogadas de todo Chile.

María Soledad Llorente se tituló en 1999 en la Facultad de Derecho de la Universidad Gabriela Mistral y es la tercera Defensora Regional, en este caso desde la región de Los Lagos. Sucede en el cargo a Erwin Neumann Montecinos.

La abogada, proveniente de Osorno, lideró el proceso de instalación de la Defensoría Penal Pública en esa provincia desde 2003 y hasta su nombramiento se desempeñó como defensora local jefe de la zona. “Esos 15 años representaron un espacio de aprendizaje invaluable, porque no solo implicó ejercer la defensa donde antes el proceso no lo permitía en la forma en que hoy se ejerce, sino que también exigió abrir nuevos espacios para el trabajo de la defensa pública”, señaló.

VISIÓN DEL SISTEMA
Para la Defensora Regional, el sistema penal tiene un buen funcionamiento en la región, pero existen ciertos desafíos de los que todos los actores del sector justicia deben hacerse cargo: “Pareciera ser que hoy estamos frente a un nuevo desafío, que consiste más bien afinar el trabajo de todas las instituciones, para mejorar la respuesta a la necesidad de resguardar las garantías fundamentales de las personas. La prisión preventiva no es sinónimo de éxito en la persecución penal. Una pena justa sí lo es", afirmó.

En este sentido, Llorente señaló que es relevante el aumento en la aplicación de la prisión preventiva. Por ejemplo, mencionó que en 2017 mil 800 personas estuvieron presas y después fueron absueltas o no condenadas en la región. "Como sociedad, debemos hacernos cargo de ese costo humano para las personas, precisamente para minimizarlo. Y ahí, como Defensoría, tenemos mucho que aportar”, explicó.

Según Llorente, ese costo no solo es para el imputado, sino que también para su entorno social: “Una imputación penal no solo afecta a quien la enfrenta directamente, sino que también a sus padres, hijos, familia, que en la gran mayoría de los casos no están vinculados al delito que se investiga", aclaró.

Agregó que, en ese contexto, el sistema en su conjunto tiene que evaluar si la prisión preventiva es la única forma de asegurar que la investigación se lleve adelante y en plazos razonables. "Una persecución penal que sirva a la sociedad exige que todos los intervinientes trabajen para el debido proceso. Si la respuesta estatal es pronta, adecuada y justa, podemos aspirar a un mayor equilibrio social. Eso exige rigurosidad técnica, pero sobre todo una mirada de humanidad”, sostuvo.

EJES DE TRABAJO
María Soledad Llorente señaló que uno de los ejes del trabajo de la Defensoría Regional será el enfoque de género en las causas penales, además de hacer presente la importancia de reconocer los derechos humanos de las personas migrantes y de pueblos indígenas. “También creemos que es necesario insistir en la importancia de ser defensor público, una función que cada día debe ser más honrada, creíble y socialmente legitimada”, dijo.

La Defensora Regional señaló que “toda persona es sujeto de derechos, independiente de su género, religión, origen, nivel de ingresos o cualquier otra clasificación. La Defensoría Penal Pública existe para que esos derechos se respeten. Sería ideal que nunca hubiera imputados, porque eso significaría que no hay delitos, pero el seguro del proceso, la certeza de que la sentencia de un tribunal de la república será la que corresponde, está a cargo también del buen trabajo de un defensor público”, concluyó.

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