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“Cumplir una sanción penal debe suponer siempre un proceso de reparación personal”

04/06/2019

La Defensora Regional de Antofagasta rindió hoy su balance de gestión

“Cumplir una sanción penal debe suponer siempre un proceso de reparación personal”

Loreto Flores resaltó una fuerte baja regional en el ingreso de imputados adolescentes, la consolidación del programa de defensa especializada de migrantes y el activo rol de la institución en diversas iniciativas que promueven la reinserción de personas condenadas, entre otros temas.

Por Marcelo Padilla V.,
Defensoría Nacional.

Destacando una baja de 65 por ciento en el ingreso de imputados adolescentes en los últimos siete años, la Defensora Regional de Antofagasta, Loreto Flores, rindió esta mañana el balance de la gestión institucional en esa zona del país durante el año pasado.

Ante una audiencia que convocó en la sede regional del Serviu al Defensor Nacional, Andrés Mahnke, junto a autoridades regionales, magistrados, fiscales, defensores públicos y otros funcionarios, Flores explicó que si hace siete años mil 822 jóvenes imputados fueron atendidos, el total del año pasado alcanzó solo a 633 adolescentes, que representaron sólo el 4,2 por ciento del total de causas ingresadas ese año.

“El análisis de estos datos nos permite concluir de manera categórica que ha disminuido de manera trascendental la comisión de delitos por parte de los adolescentes en la región, y en el país, especialmente durante los últimos cinco años (…) el problema de la delincuencia juvenil es focalizado y, como tal, requiere la promoción y fortalecimiento de programas transversales y de calidad, que potencien la resocialización de los menores de edad, incluyendo en ella la rehabilitación de las adicciones que padezcan”, sostuvo.

La abogada relevó también la consolidación lograda en Antofagasta por el programa de defensa especializada de migrantes y extranjeros, iniciativa única en el país que integra la prestación de defensa jurídica en audiencias, la orientación a los internos e internas en recintos penitenciarios, la interposición de recursos de amparo contra decretos o resoluciones de expulsión administrativa y atención social a usuarios y sus familiares.

En este contexto, la Defensora Regional aclaró que los equipos multidisciplinarios de la institución atendieron a 2 mil 155 imputados e imputadas migrantes y extranjeros, lo que representó en 14,3 por ciento del total de ingresos de la región, el más alto en comparación con zonas como Arica y Parinacota, Tarapacá y la Región Metropolitana.

“Durante los últimos años, esta defensa se ha constituido en un tema de suma relevancia, no solo por el flujo migratorio que se aprecia en nuestra región, principalmente en Antofagasta y Calama, sino también por la especial e injustificada sensación de inseguridad que se produce en la comunidad en relación con la presencia de migrantes y extranjeros, especialmente de quienes provienen de Colombia”, señaló.

GRUPOS VULNERABLES Y REINSERCIÓN
Junto con mostrarse “orgullosa” de poder exhibir el trabajo de un servicio público “consolidado y reconocido por la excelencia de su labor”, Loreto Flores destacó también el trabajo labor institucional en defensa de usuarios pertenecientes a diversos grupos vulnerables -jóvenes, condenados privados de libertad, indígenas y migrantes o extranjeros-, todos los cuales exigen no solo el conocimiento de normas penales, procesales e internacionales, “sino también de elementos culturales y antropológicos que permitan proporcionar una defensa especializada y de calidad a cada uno de ellos”.

En ese contexto, relevó una serie de convenios y otras iniciativas desarrolladas por esa Defensoría Regional en 2018, con la finalidad de ofrecer instancias efectivas de reinserción y esparcimiento a las personas privadas de libertad, en torno a lo cual agradeció también la colaboración y compromiso de instituciones como el Sename y Gendarmería.

Flores mencionó, por ejemplo, “aprendizaje de fieltro húmedo, telares y yoga para las mujeres privadas de libertad de Antofagasta y Calama; colaboramos con la celebración del comodato de una mesa de madera con sierra eléctrica con los internos de la cárcel concesionada de Antofagasta y postulamos al Fondo Nacional de Desarrollo Regional del 2 por ciento para financiar la ejecución de dos proyectos emblemáticos: el aprendizaje de la disciplina del judo para adolescentes privados de libertad, y de teatro para adultos del Centro de Cumplimiento Concesionado de Antofagasta”.

Agregó que la Defensoría ha hecho una “apuesta trascendental” por la protección integral de los derechos de las personas privadas de libertad, en cuyo contexto en el equipo de Antofagasta “hemos reconocido en la reinserción social un desafío que debíamos enfrentar”, pero con recursos, programas y acompañamientos adecuados.

“El cumplimiento de una sanción penal debe un tener siempre un objetivo claro y debe suponer un proceso de reparación personal. Este es el único camino para evitar la reincidencia y, con ello, propender a la disminución de los delitos. No decimos una cosa nueva. Solo manifestamos que todo castigo debe tener un sentido”, explicó.

Por lo mismo y a propósito de destacar el rol articulador que ha jugado la institución en iniciativas con estos objetivos, anunció la creación de una corporación privada de la Defensoría Regional de Antofagasta, que permitirá reforzar el apoyo a la reinserción de internos e internas.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
La abogada llamó también la atención sobre la exagerada relevancia que ha ido adquiriendo la medida cautelar de prisión preventiva que, “de ser un mecanismo procesal extraordinario, ha pasado a erigirse en un importante número de casos como una intensa sanción anticipada al imputado que, además, no siempre tiene como correlato una posterior sentencia condenatoria”.

En este ámbito, señaló que en esa región 3 mil 159 imputados que fueron atendidos por la Defensoría resultaron finalmente inocentes o no condenados el año pasado, lo que representó el 19,3 por ciento del total anual de ingresos. Añadió que 323 personas imputadas que estuvieron privadas de libertad durante el proceso resultaron finalmente absueltas o no condenadas.

“Los estudios sobre percepción ciudadana y justicia criminal demuestran, en nuestra opinión, un radical menosprecio por la presunción de inocencia y la proporcionalidad de la sanción penal, en contraposición a exigencias, por parte de la opinión pública, de mayor drasticidad punitiva y término a la denominada ‘puerta giratoria’ de la delincuencia (…) Resulta claro que en todos estos casos la prisión preventiva ha sido una respuesta excesiva y desproporcionada de la sociedad respecto de una persona a la que se atribuyó la comisión de un delito”, aseguró Loreto Flores.

PRINCIPALES CIFRAS
En su discurso, la abogada dijo que durante 2018 esa Defensoría Regional de Antofagasta atendió a 15 mil 72 personas, que representaron el 4,7 por ciento de los ingresos totales de la institución a nivel nacional, porcentaje que sitúa a Antofagasta al mismo nivel de regiones como Maule y Los Lagos, pero por sobre todo el resto de las regiones del norte del país.

En detalle, explicó que los delitos principales reportados fueron lesiones, hurtos, aquellos contra la libertad e intimidad de las personas -principalmente amenazas y violación de morada- y los contenidos en la Ley de Tránsito. En paralelo, agregó que ninguno de los delitos de mayor connotación social, como homicidios, robos con intimidación, violaciones o tráfico de drogas tuvo alta ocurrencia en la zona.

También destacó el trabajo de defensa de mujeres imputadas, que en 2018 sumaron 2 mil 992 casos, sumando un 19,9 por ciento del total de ingresos regionales.

“La defensa de mujeres exige, por una parte, comprender que la persecución penal impacta de manera profunda en el grupo familiar, más aún si conlleva privación de libertad de la imputada; y, por otra parte, exige integrar un enfoque de género y relevar las profundas desigualdades que pueden incidir en la persecución penal”, afirmó la Defensora Regional.

Según Flores, la defensa pública de Antofagasta atendió a 573 personas pertenecientes a pueblos originarios, que representaron un 3,8 por ciento del total regional, y también recibieron 4 mil 669 requerimientos de defensa penitenciaria, con un importante aumento respecto de años anteriores.

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