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17/06/2019

En resguardo del debido proceso

Defensoría del Biobío logra inhabilitar a jueza acusada de resentimiento y amenazas contra defensores públicos

La Corte de Apelaciones de Concepción inhabilitó a Rosa Giacaman Alarcón, jueza de garantía de Los Ángeles, en 33 causas en las que interviene la Defensoría Penal Pública, al acreditar su resentimiento contra el organismo y las amenazas veladas expresadas pública y privadamente contra defensores públicos.

Por Victoria Haquin V.,
Defensoría Regional del Biobío. 

En total, 33 son las causas en que la jueza de garantía de Los Ángeles, Rosa Giacaman Alarcón, deberá inhabilitarse, luego de que la Corte de Apelaciones de Concepción acogiera la recusación presentada por la Defensoría Regional del Biobío, ante expresiones vertidas por la magistrada que manifestaban su odio y resentimiento hacia la institución y sus abogados.

El Defensor Regional del Biobío, Osvaldo Pizarro Quezada, explicó que “se rindieron pruebas que dan cuenta de que tanto los dichos de ella sostenidos en audiencia como los dichos de ella fuera de audiencia eran conductas de amedrentamiento para con los defensores penales públicos".

En el caso de los audios, la jueza señaló: “…cuando presentan una queja disciplinaria en contra de un juez, piensen bien las consecuencias que ello acarrea tanto para uno como para otro”. También dijo que los defensores públicos suelen presentar reclamos ante la Corte para “amedrentar a los jueces”.

En tanto, la prueba testimonial rendida permitió conocer expresiones vertidas por la magistrada sin registro de audio, como “… que había tres defensores que estaban en una lista negra, éstos eran Mercedes Moncada, Juan Esteban Muñoz y Patricio Gutierrez, por haber ido a declarar a la PDI, por la investigación que se siguió en su contra”.

RESENTIMIENTO
Todo lo antes descrito, según lo resuelto por la Corte, denota “clara y fundadamente un resentimiento por parte de la Jueza Rosa Giacaman hacia la Defensoría Penal Pública, por cuanto ha inculpado a los profesionales de dicho organismo  de una indebida persecución penal en su contra, con supuestos fines de amedrentamiento, incluso atribuyendo que en su obrar  le imputaron injurias y calumnias, evidenciando en su tono amenazante los efectos futuros de tal obrar en su contra”.

El tribunal de alzada agregó que una de las garantías fundamentales para el imputado es ser juzgado por un tribunal imparcial, como parte esencial del debido proceso, que comprende el derecho a un juez independiente, imparcial y natural, presupuestos que fueron vulnerados por la jueza en cada una de sus actuaciones y expresiones.  

Para Osvaldo Pizarro, el próximo paso es inhabilitar a la jueza de todas las causas donde intervengan defensores públicos en Los Ángeles, ya que sus dichos han sido sostenidos en el tiempo y atentan contra el deber de imparcialidad.  

El Defensor Regional del Biobío manifestó, además, que espera que “ella se inhabilite de seguir conociendo los casos donde la Defensoría Penal Pública interviene o, en su defecto, los defensores van a interponer nuevos incidentes de recusación, porque evidentemente el que no exista un juez imparcial que resuelva el asunto controvertido afecta una garantía constitucional”.

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