Sala de Prensa

17/06/2019

Mediante un convenio que suscribieron esta mañana

Defensoría y Academia Judicial acuerdan colaborar en actividades de capacitación

El Defensor Nacional, Andrés Mahnke, y el director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas, se comprometieron a compartir información y estadísticas, generar publicaciones y realizar programas de extensión académica dirigidos a miembros del Poder Judicial, la Academia y la Defensoría.

Por Paola Sais Dünner,
Defensoría Nacional.

Un novedoso convenio de colaboración suscribieron hoy el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, y el director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas, cuyo eje central es la capacitación de profesionales del Poder Judicial, la Academia y la Defensoría en el ámbito procesal penal, penal, constitucional, criminológico y de Derechos Humanos.

El objetivo del acuerdo es realizar acciones conjuntas que, desde sus respectivos ámbitos de acción, ayuden a promover, organizar, ejecutar y apoyar congresos, cursos, seminarios y talleres orientados a abogados de la plaza y, en particular,  a los profesionales que forman parte de ambas instituciones.

También se comprometieron a compartir producciones académicas, jurídicas y de estudios encargadas por la Academia Judicial o la Defensoría, generar publicaciones, intercambiar y compartir estadísticas, y generar espacios de participación común en actividades propias de la misión de cada institución.

Antes de suscribir el convenio, el Defensor Nacional llamó la atención respecto de una falta de objetivos comunes entre los intervinientes del sistema procesal penal, contexto en que “estamos descuidando una mirada más sistémica”.

“De ahí la importancia de este convenio, que va en sentido inverso hacia una mirada más integral de cómo se comporta y que esperan los ciudadanos del sistema de justicia procesal penal. Para nosotros es particularmente relevante que en la formación que la academia da a los jueces también esté presente la misión de derechos y garantías que representa nuestra institución, tanto en el contexto nacional como internacional. Creemos que es una mirada que enriquece el debate y es necesaria en la formación de los jueces”, agregó Andrés Mahnke.

En este sentido, recordó que la semana pasada una jueza de Los Ángeles fue sancionada por la Corte de Apelaciones de Concepción por “la animadversión o resentimiento hacia la función de la defensa pública, lo que nos demuestra la importancia de generar debates y comprender el rol de cada uno de los actores del sistema procesal penal”.

TRABAJO COMÚN
El director de la Academia Judicial, en tanto, explicó los alcances del convenio y las facilidades que aportará a los abogados de la Defensoría para acceder a sus cursos y capacitaciones.

Vargas dijo que esta es “una excelente oportunidad, a la que deberían sumarse otras instituciones, para retomar lo que fue el espíritu inicial del trabajo común del sistema judicial”. Al respecto, dijo que ya están en conversaciones con el Ministerio Público.

En cuanto al convenio suscrito hoy, Vargas sostuvo que lo más original es la posibilidad de recibir a postulantes que provengan de la Defensoría en un programa especial de formación de jueces, que tradicionalmente se dicta a jóvenes recién egresados o bien abogados que son empleados del Poder Judicial.

“En la práctica, es muy difícil que quienes ya están insertos en el mercado y renuncien a su trabajo, tomen un curso que dura 11 meses y luego recién postulen a un cargo en el Poder Judicial, con la incertidumbre de qué es lo que va  suceder y cuánto demore ese proceso. Es por eso es que golpeamos las puertas de distintas instituciones y quien reaccionó más rápidamente fue la Defensoría Penal Pública. Le planteamos hacer este programa, que sus abogados cuenten con un permiso especial de la institución para hacer este curso y que, al tratarse de abogados más experimentados, bien podría demorar menos del tiempo estipulado normalmente”, precisó.

Agregó que la apuesta es iniciar el proceso de selección de los postulantes a este programa a comienzos del próximo año, para empezar el curso el segundo semestre de 2020.

“Se trata de programas con entre 16 y 24 alumnos, los que mientras se están dictando ofrecen una beca a los participantes. No van a tener su sueldo si es que están trabajando en una institución, pero tendrán una beca que permite sobrevivir”, aclaró Vargas.

Recalcó que es una muy buena experiencia de formación, en condiciones inmejorables tanto para la Defensoría como para la Academia Judicial.

REPRESENTANTES
Cada una de las partes nombrará a un representante, quienes establecerán reuniones de trabajo a lo menos dos veces al año. Para estos efectos, la persona representante o contraparte técnica de la Defensoría Penal Pública será un abogado o abogada del Departamento de Estudios y Proyectos (DEP) de la Defensoría Nacional. Por la Academia Judicial, en tanto, será un coordinador o coordinadora de programas. 

El acuerdo entró en vigencia al momento de ser suscrito por las partes y tendrá una duración de dos años, pudiendo renovarse automáticamente por el mismo periodo si ninguna de las partes expresa su voluntad de ponerle término.

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