Sala de Prensa

14/06/2019

Marco Montero ofreció charla sobre el sistema de justicia juvenil

Defensor Regional de Ñuble: “Lo que comienza como un juego puede terminar en la imputación de un delito”

Más de 80 alumnos de tercero y cuarto medio del Liceo Bicentenario “Marta Brunet” de Chillán repletaron el salón del establecimiento, fundado en 1901, para conversar con el directivo institucional sobre sus deberes y responsabilidades penales como jóvenes.

Por Keiko Silva Vergara,
Defensoría Nacional


“Como saben, desde los 14 y hasta los 18 años de edad ustedes están sujetos a ser juzgados de acuerdo con la Ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad para los adolescentes que infrinjan esta normativa, promulgada en 2005 y que, finalmente, entró en vigencia en junio de 2007”, explicó el Defensor Regional de Ñuble, Marco Montero, a un grupo de más de 80 estudiantes del Liceo Bicentenario “Marta Brunet” de Chillán.

El objetivo de la exposición ante los jóvenes fue informarles las implicancias de esta normativa y recordar a quienes cumplieron 14 años de edad que ya son susceptibles de ser imputados, incluso por situaciones que no hubieran imaginado como delitos.

“Si bien antes algunas conductas parecían no tener consecuencias o mayor incidencia en sus vidas, como las riñas o peleas en alguna fiesta, actualmente sí pueden ameritar una pena o sanción ante la justicia. Es decir, quien las cometa puede convertirse en imputado y tener que enfrentar una audiencia de formalización”, señaló.

Los estudiantes se dieron cita la mañana del 11 de junio pasado en la sala de eventos del centro educacional, que hace una semana cumplió 118 años. Desde el principio sus directivos han trabajado para alcanzar la excelencia académica y, por ello, desde el año pasado fue distinguido como uno los dos Liceos Bicentenario de la región.

Al mismo tiempo, y por cuarto periodo consecutivo, el liceo obtuvo el reconocimiento a la excelencia académica que otorga la Agencia de la Calidad de la Educación.

Para su director, Ricardo Pérez Ortiz, uno de los objetivos más importantes de la labor docente es el desarrollo integral y valórico de sus cerca de 900 alumnos. Ello incluye fortalecer el respeto a la integridad y a los derechos humanos, razón por la que acogió de inmediato la llamada de la Defensoría Regional para coordinar esta actividad de difusión.


PROYECCIONES DE LA NORMATIVA

Marco Montero explicó durante la charla que la Ley 20.084 marcó un cambio profundo en la aplicación de la justicia en Chile.

“Antes no se juzgaba a los menores de entre 14 y 16 años, lo que puede ser considerado por ustedes como una ventaja. Pero en contraposición con ello, a los adolescentes de entre 16 a 18 años sí se les juzgaba y era muy duro, porque se les trataba como a los adultos: se les aplicaban las mismas penas y se les enviaba a las mismas cárceles, con todo lo que ello implica para un adolescente”, describió.

Según el Defensor Regional de Ñuble, al elaborar la ley, los parlamentarios y organismos vinculados que asesoraron ese trabajo tenían la convicción de lograr que la sociedad comprendiera que los menores de 18 años no han completado su desarrollo físico ni emocional y que, por lo tanto, no pueden ser tratados como adultos.

“Tienen otra comprensión de la realidad, son más arriesgados y por ello suelen ser más irresponsables. Al no considerar el peligro como una barrera, son más rebeldes. Creen que son invencibles porque tienen toda la vida por delante y, por lo tanto, muchas oportunidades para recomponer sus acciones”, continuó.

El abogado agregó que esta descripción de la conducta general de los adolescentes es avalada por científicos, médicos y profesionales de la salud mental, de modo que los menores de edad no  pueden ser tratados de la misma manera que un adulto, porque tienen un grado de vulnerabilidad más alto.

“Todas las medidas que se adopten sobre los adolescentes deben considerar el interés superior del niño y garantizar el respeto de sus derechos. Por ello, el espíritu de la ley en su origen fue el de considerar la privación de libertad como el último recurso aplicable”, enfatizó.

No obstante, aclaró que “en la práctica, a 15 años de su entrada en vigencia, los políticos, parlamentarios e incluso la opinión pública consideran que la ley debe ser modificada para endurecer aún más las penas e incluso se ha hablado de rebajar la edad para imputar a los niños desde los 12 años”, concluyó.


DEFENSORÍA EN EL DEBATE

Dentro de la actual discusión en torno a la aplicación de la Ley 20.084 y las propuestas para modificarla, la Defensoría ha entrado al debate exhibiendo cifras. Así, durante el primer año de aplicación de la norma casi 28 mil menores ingresaron al sistema penal. De ellos 20 mil 628 tenían entre 16 y 17 años y 7 mil 254 se encuadraban en el tramo entre 14 y 15 años de edad. Los principales delitos por los que ingresaron al sistema fueron robos (62 por ciento) y robos no violentos (17,9 por ciento). En tanto, los delitos por infracción a la Ley de Drogas mostraron la menor cantidad de ingresos al sistema (0,9 por ciento).

Durante 2018, en tanto, se registró el ingreso de 19 mil 825 causas cometidas por menores de 18 años, equivalentes al 6,2 por ciento del total de ingresos. En este período, los principales delitos por los que se imputó a menores de edad fueron el hurto (24 por ciento), los robos (16 por ciento), otros delitos contra la propiedad (12 por ciento) y robos no violentos (11,3 por ciento).

A nivel nacional, el peak de ingresos de causas de menores de edad se produjo en 2011: ello se atribuye a las manifestaciones estudiantiles que marcaron ese año. Durante los períodos anuales siguientes se ha registrado una constante disminución en el ingreso de causas de menores de edad en comparación con los adultos. Como ejemplo, si en 2016 dicha proporción fue de 9,4 por ciento, bajó a 7,1 por ciento en 2017 y llegó a 6,4 por ciento en 2018.

Hasta el momento, la ley considera que los imputados de entre 14 y 16 años pueden recibir una pena máxima de 5 años, mientras que quienes se encuentran entre los 16 y los 18 años están expuestos a recibir sentencias de hasta 10 años.


LA REALIDAD LOCAL

En cuanto a la Región de Ñuble, durante el primer cuatrimestre de 2019 los defensores públicos atendieron a 99 adolescentes, implicados en 210 causas. De ellos, 27 eran mujeres y 72 varones. Los meses de mayor ocurrencia de delitos fueron enero y marzo, con 41 y 30 causas, respectivamente, mientras que los principales delitos registrados fueron hurtos (41 causas), lesiones (18 causas) y robos no violentos (16 causas).

Pese a que la gran mayoría de las consultas planteadas por los alumnos al Defensor Regional apuntaron al consumo de marihuana, las estadísticas muestran que en ese mismo período ingresaron en la región solo cinco causas vinculadas a la Ley N° 20.000, que sanciona el uso, producción y comercialización de drogas.

“Les agradezco la atención que me han prestado y a los directivos la oportunidad de conversar con ustedes y sus profesores sobre nuestro rol dentro del sistema de justicia penal. Por nuestra parte, los abogados defensores continuaremos cumpliendo la labor de garantizar el respeto a la presunción de inocencia de todo imputado y procurar que tenga un debido proceso”, dijo Marco Montero al concluir su exposición.

“En el caso de los adolescentes nos hemos comprometido a entregar una defensa especializada, tal como lo señala la ley, ‘en todas las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los adolescentes infractores de la ley penal (tendremos) en consideración el interés superior del adolescente, que se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos’, tal como lo sentencia la Convención de los Derechos del Niño”, agregó.

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