Sala de Prensa

02/09/2019

En materia de modelos de gestión de calidad para la defensa pública de ese país

Delegación que viajó a Guatemala destacó avances logrados en proyecto de cooperación

La abogada Lissette Rodríguez y Rodrigo Muñoz, profesional del Departamento de Informática, realizaron una positiva evaluación del actual sistema de control de calidad desarrollado en el Instituto de Defensa Pública Penal de ese país.

Por Paola Sais Dünner,
Defensoría Nacional.

Un año después de haberse iniciado un proyecto de cooperación bilateral entre la Defensoría Penal Pública y el Instituto de Defensa Pública Penal de Guatemala, una delegación institucional que viajó hasta ese país centroamericano calificó como “muy positivos” los logros alcanzados por esa organización en materia de modelos de gestión de calidad.

La abogada Lissette Rodriguez, del Departamento de Evaluación, Control y Reclamaciones (DECR), y Rodrigo Muñoz, encargado de desarrollo del Departamento de Informática y Estadísticas (DIE), viajaron en agosto pasado a Ciudad de Guatemala, para evaluar el funcionamiento del sistema de control de calidad desarrollado en dicha oficina de defensa pública, iniciativa que se enmarca en el mencionado proyecto de cooperación, que se extenderá hasta fines de 2020.

En su balance, la abogada Rodríguez destacó que hoy existen tres profesionales del Instituto de Defensa Pública Penal dedicados a realizar evaluaciones técnicas o inspecciones del trabajo de los defensores públicos guatemaltecos. “Toman seis causas por defensor para evaluar su desempeño”, explicó.

RECLAMACIONES
Agregó que también se puso en marcha un sistema de reclamaciones, que ha resultado muy eficiente para dar curso a las consultas de los usuarios, y que ya se han determinado tres indicadores para la realización de sus mediciones de calidad.

Los profesionales de la Defensoría destacaron que esta área del proyecto de cooperación ya está prácticamente completada y que el desafío pendiente es la sistematización de todos estos nuevos productos.

El proyecto de cooperación conjunta, que también abarca la capacitación de defensores públicos guatemaltecos en el área de la litigación oral, es financiado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID).

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