Sala de Prensa

06/11/2019

Abogados de la institución informaron estas cifras en la Comisión de Derechos Humanos del Senado

Defensores públicos han representado a más de 12 mil personas detenidas en el país

Según el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría, Tomás Pascual, y el asesor legislativo, Francisco Geisse, entre el 20 de octubre y el 2 de noviembre la defensa pública ha recibido 125 denuncias de violencia policial.

Por Marcelo Padilla V.,
Defensoría Nacional.

El jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública, Tomás Pascual, y el asesor legislativo de la Defensoría Nacional, Francisco Geisse, expusieron ayer ante la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, instancia en la que entregaron detalles sobre el total de personas detenidas y llevadas a control de detención desde que comenzaron las movilizaciones sociales en el país, instancia en la que fueron representadas por defensores públicos.

Según ese detalle, entre el 20 de octubre y el pasado sábado 2 de noviembre los abogados de la defensa pública han representado a 12 mil 303 personas detenidas y llevadas a control de detención. De ellas, 8 mil 525 llegaron a audiencia judicial durante los días de vigencia del estado de excepción, mientras que otras 3 mil 778 lo hicieron tras la derogación de esa medida, es decir a partir del 27 de octubre.

Ambos abogados hicieron notar que este notorio aumento de los controles de detención ha implicado pasar de 600 personas detenidas en un día normal, a 2 mil 151 solo el 20 de octubre. En la mayoría de los casos se trata de personas sin antecedentes penales, imputadas principalmente por desórdenes públicos y robo en lugar no habitado. 

VIOLENCIA POLICIAL
En una sesión en la que también estuvieron presentes el ministro del Interior, Gonzalo Blumel; el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco; la dirigente indígena guatemalteca Rigoberta Menchú -Premio Nobel de la Paz 1992- y un representante de la Sociedad Oftalmológica de Chile, entre otros, Tomás Pascual explicó, además, que hasta el mismo día 2 la Defensoría ha recibido 125 denuncias de violencia policial o militar, informadas por los propios detenidos a los abogados. Pascual advirtió que se han reportado algunas agresiones de mayor gravedad e incluso violencia sexual.

“Contamos al menos 13 casos de desnudamiento en unidades policiales, en su mayoría contra mujeres, 4 casos de personas con impactos de proyectil o que denuncian amenazas de muerte. Como patrón común, las denuncias tienen que ver con un uso excesivo de la fuerza al momento de la detención, con golpes de pies, bastones de seguridad o pistolas a personas reducidas”, señaló.

Agregó que también se aprecia una ausencia generalizada de constataciones de lesiones en la mayoría de los casos, pues solo existen actas de salud, que en la mayoría de los casos no coinciden con las lesiones visibles de los imputados.

“Es importante aclarar que todas estas cifras se refieren exclusivamente a aquellos detenidos respecto de los cuales se celebran audiencias de control de detención por un juez de garantía. Es decir, son causas judicializadas. Los detenidos en las comisarías que luego son puestos en libertad sin pasar a control de detención son muchos más”, advirtió Francisco Geisse.

DETENCIONES ILEGALES
Los abogados también dieron cuenta que, del total de detenciones atendidas por defensores públicos, el 6,8 por ciento fueron declaradas ilegales, con 807 casos hasta el 26 de octubre, cifra que bajó ostensiblemente tras el fin del estado de emergencia, con otros 80 casos reportados entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre.

Agregaron que, de los más de 12 mil casos reportados, solo en 523 casos las personas detenidas quedaron sometidas a la medida cautelar de prisión preventiva, aunque la mayoría de los casos (352) también corresponden al período de vigencia del estado de excepción constitucional, pues desde entonces sólo se anota esta medida en 171 causas.

Por último, también informaron que hasta ahora la institución garantiza el derecho a defensa de cinco carabineros, cuatro efectivos del Ejército y uno de la armada, quienes han sido imputados de distintos delitos contra personas civiles.

“Los defensores públicos recaban la mayor cantidad de información sobre eventos o hechos constitutivos de delitos cometidos por funcionarios públicos y que sean denunciados por las personas en el contexto de su detención, para lo cual cuentan con una ficha de antecedentes de violencia institucional. Junto con denunciar los casos en las respectivas audiencias, los antecedentes son enviados al Ministerio Público”, explicó Geisse.

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