Sala de Prensa

29/10/2020

Columna de opinión:

Camino constitucional: las otras definiciones

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional de Aysén, Jorge Moraga Torres, fue publicado por diario El Divisadero (@ddivisadero).

En esta columna, Jorge Moraga analiza el desafío constitucional que enfrenta el paí­s desde la perspectiva de la justicia penal.

En esta columna, Jorge Moraga analiza el desafío constitucional que enfrenta el paí­s desde la perspectiva de la justicia penal.

Por Jorge Moraga Torres,
Defensor Regional de Aysén.

El camino hacia una nueva Constitución, que como país hemos resuelto emprender, nos llevará a discutir las bases mismas de lo que será nuestra forma de organización política y los valores fundamentales sobre los cuales hemos de construir las condiciones fundantes de un nueva cohesión social.

Si bien en los últimos años se han escuchado fuerte diversos reclamos o reivindicaciones de la ciudadanía, que necesariamente han de ser objeto de definiciones y tomas de posición de cara a la nueva Constitución Política, sería un error pensar que este proceso implicará únicamente la revisión de aquellas problemáticas que han sido, con ahínco, reclamadas por millones de personas.

En efecto, y por cierto sin negar su radical relevancia, el proceso constitucional que hemos comenzado a vivir no implica sólo la revisión del modelo económico imperante entre nosotros, ni cómo aseguramos mínimos derechos sociales para todo habitante del país. Tampoco se limitará a definiciones sobre bienes colectivos como el medio ambiente o el derecho al agua, ni a la búsqueda de algún tipo de solución al siempre irresoluto problema relativo a nuestros pueblos originarios.

La verdad sea dicha. Al generar una nueva Carta Magna, todas nuestras instituciones, todas nuestras problemáticas como sociedad han de ser objeto de revisión y de eventuales cambios. En ese sentido, la administración de justicia es, sin duda, un aspecto más que deberá ser analizado y eventualmente será objeto de modificaciones.

¿Qué tipo de justicia queremos para nuestro país? En el ámbito de la justicia penal, ¿dónde pondremos el énfasis? A la hora de combatir el delito y buscar la mejor manera de responder a éste, ¿qué camino tomaremos?

¿Buscaremos un país con un régimen legal más duro y estricto, privilegiando el orden y castigando con mayor severidad a quien se declare como autor de un delito? ¿Como sociedad seremos menos tolerantes frente a quien se desvía del comportamiento esperado, tratando de borrar de nuestra vida, ojalá para siempre, a quien cometa un delito? ¿Privilegiaremos un sistema que minimice de manera radical la posibilidad de que un culpable logre librar de la sanción, aun cuando ello implique aumentar los riesgos de que se condene a un inocente?

Como Defensoría Penal Pública esperamos que este momento histórico nos permita apostar por una sociedad más tolerante y libertaria. Una sociedad en que de verdad se trate como inocente a toda persona mientras no exista una sentencia condenatoria. Un nuevo Chile, en que a todos nos duela más la posibilidad de que alguien sea encarcelado siendo inocente a que eventualmente un culpable no sea encerrado o salga de la cárcel antes de que se cumpla la pena originalmente impuesta.

Esperamos que de la nueva Constitución emerja una comprensión humanista de la pena de cárcel, que implique, como requisito de validez de la misma, un compromiso real de la sociedad con aquella persona que es enjaulada por cierta cantidad de años.

Que actuemos, por fin, en cuanto al régimen carcelario se trata, bajo la lógica de que toda pena de cárcel es algo más que una simple y mera venganza por el daño cometido y que siempre su imposición conlleva un compromiso serio y real de entregar las herramientas y oportunidades de reinserción en favor de quien ha delinquido.

Son innumerables los aspectos que nos deberemos cuestionar durante el proceso histórico que se ha iniciado y no todos ellos han estado en la primera línea del reclamo formulado por la gente. Que dichos temas no se encuentren entre las consignas que han sido planteadas con fuerza por la ciudadanía no significa que no vayan a ser materia de redefinición en la nueva Constitución.

La forma de entender la justicia penal y el modo en que se tratará a quien es inocente de una acusación (alternativa que siempre puede darse) y a quien es declarado culpable de la misma también se instala frente a todos nosotros. Vayamos pensando, también para estas materias, cuál es la respuesta más adecuada al Chile del siglo XXI que empezaremos a construir.

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