Sala de Prensa

28/01/2020

Durante un diálogo participativo

Condenadas de cárcel serenense manifestaron inquietudes por gestiones de defensores penitenciarios

Advirtieron además a la Defensora Regional Inés Rojas que últimamente se han suscitado varias riñas en los módulos que afectan sus condiciones de vida.

Por Daniel San Martín D.,

Defensoría Regional de Coquimbo

Mayor información y premura en las gestiones que realizan los defensores penitenciarios respecto a sus requerimientos, fue la principal demanda que las condenadas del Centro Penitenciario Huachalalume de La Serena manifestaron durante un diálogo participativo a la Defensora Regional de Coquimbo Inés Rojas.

El encuentro se desarrolló en la sala de visita donde setenta y ocho mujeres de los módulos 81, 83 y 84 se reunieron con la autoridad, que estuvo acompañada por la Jefa de Estudios, la Defensora Jefa de La Serena, la encargada UAGD y el Asesor Jurídico.

Allí Rojas señaló que si bien como condenadas pierden su libre desplazamiento y algunas también la privación de sus derechos civiles, mientras cumplen sus sentencias tienen derecho a postular a beneficios intrapenitenciarios. “Estamos acá para saber cómo se desempeñan los defensores penitenciarios, conocer sus condiciones al interior del penal, sus inquietudes, consultas e informarles también respecto de los deberes y derechos que tienen”, puntualizó.

MEJORAR RETROALIMENTACIÓN

Por su parte las internas mayoritariamente expresaron su disconformidad con la labor de los abogados penitenciarios por cuanto demoran demasiado o simplemente no entregan una respuesta, positiva o negativa, respecto de sus requerimientos. “Claramente falta mejorar la retroalimentación, haremos gestiones perentorias para derivar las peticiones de esta actividad e instruir a los defensores que a la máxima brevedad visiten a las internas para entregar una contestación a sus peticiones”, apuntó Rojas.

Un tema relevante abordado en el diálogo fueron las quejas de las reclusas sobre habituales riñas y peleas en los módulos que han obligado a varias mujeres aislarse para no ser eventuales víctimas de agresiones o maltratos. Al respecto, la Defensora Regional instruyó a la Unidad de Estudios presentar con urgencia un recurso de amparo en base al artículo 95 del Código Procesal Penal para que un juez de garantía se constituya en el penal e indague esta situación, a fin de evitar graves consecuencias.

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