La Defensoría Regional de Los Lagos confirmó que, a la fecha, se ha solicitado revisar la prisión preventiva de 48 personas que actualmente cumplen con esta medida cautelar en la región de Los Lagos, ocho de las cuales han sido modificadas por arresto domiciliario total.

Boris Hrzic, jefe de Estudios de la Defensoría Regional, valoró este resultado, sobre todo por la “apertura que han tenido los jueces y juezas de la región, quienes han sido sensibles a los argumentos de la defensa pública y han entendido que existen razones humanitarias que buscan proteger a las personas, garantizando sus condiciones de salud”.

La Defensoría Penal Pública está desarrollando acciones de este tipo en todo Chile, las que buscan resguardar el derecho a la salud de los imputados que actualmente están privados de libertad en distintos recintos penitenciarios del país. 

La Defensora Regional de Los Lagos, María Soledad Llorente, explicó que se trata de una medida que busca contribuir a la prevención del Covid-19: “Las personas privadas de libertad mantienen intactos sus derechos relacionados con su integridad física y psíquica, y por eso en la región estamos accionando en favor de los imputados e imputadas en grupos de riesgo, que actualmente cumplen con la medida cautelar de prisión preventiva, para que continúen el proceso, pero con arresto domiciliario total”.

GRUPOS DE RIESGO
Entre las decenas de casos en riesgo, se cuenta el de una mujer de 36 años embarazada de gemelos, quien cumplía prisión preventiva, en calidad de imputada, desde enero de este año. 

La coordinación constante entre la Unidad de Estudios de la región de Los Lagos y los defensores públicos de toda la zona determinó que el defensor Pablo Sanhueza lograra revertir esa medida, de modo que la mujer quedó con arresto domiciliario total, bajo el fundamento -compartido por el tribunal- de que se encuentra dentro de los grupos de mayor riesgo.

Pablo Sanhueza valoró el fallo y se mostró muy conforme con la decisión del tribunal, "porque escuchó el argumento de la defensa, no solo en orden a la situación de riesgo de la imputada, sino también de sus hijos en gestación. Nunca debemos dejar de lado que la prisión preventiva es la privación de libertad de quien la ley presume inocente, y éste mantiene todos sus derechos y garantías, entre ellos derecho a la integridad física y psíquica”, sostuvo.

Soledad Llorente agregó que continúan monitoreando la situación de los imputados en prisión preventiva, para continuar con los requerimientos y "accionar en favor de su derecho a la salud cada vez que esto sea necesario, porque la justicia no puede obtenerse poniendo en riesgo la vida de una persona”.