Sala de Prensa

30/04/2020

Columna de opinión

La prisión no es una panacea

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional de Aysén, fue publicado en el diario El Divisadero.

Por Jorge Moraga Torres,
Defensor Regional de Aysén.

La crisis sanitaria que vive nuestro país nos ha obligado como nunca antes a mirar la realidad de nuestras cárceles y las condiciones en que se encuentran, en su interior, los más de 42 mil presos y presas que existen actualmente en Chile.

Los esfuerzos interinstitucionales que hemos podido observar en las últimas semanas, y que involucran a los tres poderes del Estado, en pos de descomprimir al menos en algo nuestros recintos carcelarios, logrando de este modo reducir el altísimo foco de contagio que inevitablemente implican el hacinamiento y las precarias condiciones materiales -en particular sanitarias- en que se encuentra nuestra población penal, nos debe llevar a analizar una vez más lo poco razonable que está siendo la política penal en nuestro país desde hace ya décadas.

Desde hace muchos años Chile presenta una cantidad de presos que no resulta compatible con la mantención de mínimas condiciones de encarcelamiento acordes a la dignidad humana inherente a todas las personas, incluyendo aquellas que son encarceladas y, si se quiere ver este asunto sólo desde un cuestionable aspecto utilitarista, se torna absolutamente infundada e ilusoria cualquier mínima esperanza de que quien entra en la cárcel, luego de cumplir la condena impuesta salga con mayores posibilidades y condiciones de reinserción, comparado con aquellas que presentaba el día que inicio su prisión.

Es por lo anterior que un momento como este nos permite desmitificar a la cárcel y observar, desnudo de prejuicios y falsas ilusiones, su verdadero carácter de irracional y falsa panacea frente a los problemas de delincuencia. El encarcelar a la gente, medida tan fácil como ineficaz, no puede ser ni la única ni la mejor solución a los problemas de convivencia social que indefectiblemente enfrentamos, más aún en sociedades tan desiguales en cuanto a oportunidades de desarrollo vital y condiciones materiales de vida como la chilena.

Hoy, en tiempos de pandemia y como pocas veces antes, podemos evaluar la estrategia de control estatal que hemos adoptado sobre la población. Esta situación de emergencia sanitaria nos obliga a reflexionar si el brindar como primera y automática respuesta ante el más mínimo desvío en el comportamiento social de uno de nosotros ha de seguir siendo la cárcel.

En Chile han sido liberadas en las últimas semanas cientos de personas por constituir grupos de alto riesgo frente al Covid-19. Lo anterior, ya sea por ceses de prisión preventiva, en razón del otorgamiento de libertades condicionales o por aplicación del reciente indulto conmutativo. Con estas medidas probablemente se reduzca nuestra población penal en un porcentaje que no alcance ni el 10 por ciento del total posible.

Cabe, entonces, preguntarse: ¿se tornará necesariamente más peligrosa nuestra sociedad ante estas medidas? Todo indica que no.

Las cárceles en nuestro país reciben a muchas más personas que aquellas que resulta realmente necesario o adecuado y esta postura restrictiva en materia de encarcelamiento, novedosa del todo e impuesta por la fuerza de la pandemia que actualmente sufrimos, será una buena demostración de aquello.

En los últimos 30 días, en nuestra región de Aysén las audiencias de control de detención se han reducido a cerca de un 30 por ciento de lo que es su volumen habitual. En las últimas semanas el proceso de concesión de libertades condicionales finalizó en nuestra región con la libertad de más del 90 por ciento de los condenados propuestos para esta salida en libertad anticipada.

En nuestra región y al igual que en el resto del país, la concesión de prisiones preventivas se ha visto restringida, reservando tales extremas medidas exclusivamente a casos de real gravedad.

Todo ello nos demuestra que siempre fue posible aplicar la cárcel del modo que realmente debió imperar: de forma claramente restringida, siendo la medida de encerrar a una persona un remedio doloroso y de alto costo social y personal, la última y no la primera respuesta que el Estado ha de entregar frente a la denuncia de un delito. 

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