Sala de Prensa

25/06/2020

Informe telemático comprobó que estaba en otro lugar

Tobillera permitió probar inocencia de joven imputado por robo a chofer de Didi

A pesar de que la defensora pública Elisa Silva presentó dos cautelas de garantías para apurar el informe, la demora de Gendarmería significó que el joven pasara cinco meses en prisión preventiva.

Por José Ignacio Aguirre O.,
Defensoría Regional Metropolitana Norte.

El Segundo Tribunal de Garantía de Santiago sobreseyó definitivamente a N.I.N. (20), quien había sido imputado por el robo con violencia contra un chofer de la aplicación Didi, ya que el informe telemático de la tobillera con portaba confirmó que el joven no estaba en el lugar de los hechos. Sin embargo, aunque el imputado recuperó su libertad, debió pasar cinco meses en prisión preventiva.

Previamente, la defensora penal pública Elisa Silva debió presentar dos cautelas de garantía ante el tribunal, con el objetivo de que se oficiara a Gendarmería para entregar el documento que da cuenta del registro de los trayectos que N.I.N. realizó el 5 de enero de 2020.

Entre las 15:30 y las 15:45 de ese día, dos sujetos abordaron un automóvil de la aplicación Didi en Renca, asaltaron al chofer y huyeron con el vehículo, pero fueron interceptados por Carabineros, cuyos efectivos capturaron a un menor de edad que iba al volante, aunque otro sujeto que lo acompañaba logró huir.

Según el parte de los policías, durante la persecución vieron que el desconocido ingresó a una casa y, al llegar al lugar, vieron que N.I.N. estaba en el antejardín y lo detuvieron por su presunta participación en el asalto. Inútiles fueron sus reclamos de que él venía llegando a visitar a un amigo que vivía en esa casa. 

PRUEBAS DE INOCENCIA DISPONIBLES
La defensa pública planteó la inocencia del imputado desde la primera audiencia de control de la detención y de formalización. El joven explicó que antes de llegar a la casa donde lo detuvieron estaba en la casa de su cuñada y que al rato se retiró para visitar a un amigo.

Según la defensa, existían pruebas disponibles que acreditaban que el joven estaba en otro lugar al momento del delito. En la reunión familiar se sacaron fotografías por lo que pidió esas imágenes. Lo más importante era que el imputado tenía una tobillera de registro de ubicación, ya que estaba cumpliendo una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. Ese aparato, que controla Gendarmería, tiene la bitácora de cada movimiento de su portador.

INFORME LENTO Y PRISIÓN PREVENTIVA
Hasta ese 5 de enero N.I.N. estaba en una etapa de gran exigencia para sus 20 años. Estudiaba para terminar su enseñanza media y trabajaba en una feria con un puesto de verduras. Todo para sostener a su pareja, a su pequeño hijo y un segundo que estaba por llegar.

Estaba también en el proceso de dejar atrás una mala etapa, en que fue condenado por un robo. Como era primerizo, se le dio el beneficio de una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, en que además se ordenó que se mantuviera durante un año con una tobillera electrónica. El joven nunca pensó que ese brazalete sería su pasaje de salida de la cárcel y el medio para probar su inocencia.

Aparte de los testigos que estuvieron con N.I.N. al momento del asalto y del testimonio del menor detenido en el auto robado, quien dijo no conocerlo, la defensora pública Elisa Silva podía contar con pruebas poderosas para su teoría del caso.

El 9 de enero, tres días después de la formalización, solicitó a la Fiscalía como diligencia investigativa que requiriera de Gendarmería el informe del GPS de la tobillera, para saber con exactitud los movimientos de su defendido el día de los hechos.

Aunque el informe no llegaba, la defensa decidió solicitar igualmente la revisión de la prisión preventiva el 10 de febrero, ya que contaba con otro medio de prueba. Presentó varias fotografías con fecha y hora, que acreditaban que al momento del asalto N.I.N. estaba en la casa de su cuñada. Sin embargo, al tribunal eso no le bastó y prefirió esperar el informe telemático, aun cuando la defensora pública representó que el imputado llevaba más de un mes en prisión preventiva.

PLAZO PARA RESPONDER
En esa misma audiencia la abogada solicitó al tribunal que oficiara a Gendarmería para que enviara el informe. El tribunal fijó un plazo de 48 horas para responder. La respuesta fue que para emitir tal informe era necesaria una resolución judicial que lo ordenara.

El 9 de abril, Elisa Silva presentó entonces una nueva solicitud de revocación de la prisión preventiva y una cautela de garantías, insistiendo en la necesidad de que Gendarmería mandara la información requerida. Un mes después, aún sin que se emitiera el informe, la defensora pública presentó una segunda cautela de garantías, para que el tribunal pidiera cuenta a Gendarmería.

El informe seguía sin emitirse y el 27 de mayo se realiza la audiencia de cierre de investigación, en la que el fiscal Claudio González solicitó 13 años de prisión para N.I.N.

El 5 de junio la defensa pública volvió a solicitar al Segundo Tribunal de Garantía que requiriera a Gendarmería bajo apercibimiento de desacato. Finalmente, el 17 de junio llegó el anhelado informe de Gendarmería. El registro telemático confirmó lo que el N.I.N. había proclamó durante los últimos cinco meses: él estaba a más de 4 kilómetros de distancia del lugar de los hechos al momento del asalto.

A partir de ello, la defensa pública solicitó inmediatamente una audiencia de revisión de prisión preventiva y de sobreseimiento definitivo, la que se realizó el 24 de junio. En ella la magistrada Carolina Reyes examinó el documento y dio por acreditada la inocencia del imputado, por lo que decretó el sobreseimiento definitivo de N.I.N., quien pudo recuperar su libertad después de 170 días en prisión preventiva.

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